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El economista de JPMorgan Latinoamérica, Diego Pereira, ha evaluado y compartido las posibles implicaciones económicas y políticas de los recientes disturbios sociales en el Perú, que llevaron al gobierno central a instaurar el 5 de abril un toque de queda en Lima y varias otras áreas luego de las protestas provocadas por el aumento de los costos del combustible, fertilizantes, entre otros bienes.
Si bien no hubo reportes de importantes operaciones mineras que se hayan visto afectadas por estas protestas y el toque de queda fue levantado por el presidente Pedro Castillo antes que acabe el día, JPMorgan cree que este episodio probablemente aumentará las primas de riesgo país para las mineras que operan en Perú y subraya su tesis de que las mineras con exposición a jurisdicciones de bajo riesgo pueden obtener una prima de capital.
Entre las mineras de Europa, Medio Oriente y África (EMEA, por su sigla en inglés), Hochschild (con recomendación sobreponderar) es el más expuesto al Perú, con cerca de 90% de las ganancias derivadas del país.
Sin embargo, esto disminuirá a cerca de 50% para el 2025 una vez que se ponga en marcha el proyecto greenfield Posse en Brasil. Entre las mineras diversificadas, Anglo American (recomendación neutral) tiene la mayor exposición al Perú, obteniendo un 20% de las ganancias del 2023 del país, en tanto el proyecto greenfield de cobre insignia del grupo Quellaveco de US$ 5,500 millones está programado para entrar en funcionamiento este año (año completo de contribución a las ganancias en el 2023). El banco también estima que Glencore (sobreponderar) obtiene un 10% de las ganancias del país.
Antecedentes de disturbios sociales recientes en Perú
El aumento de las tensiones sociales asociadas con el paro nacional del transporte obligó al gobierno de Castillo a dictar toques de queda el martes 5 de abril en Lima y Callao, con el objetivo de evitar la propagación de las protestas.
De hecho, las huelgas comenzaron la semana anterior en Junín (base de apoyo del partido gobernante Perú Libre), siendo el aumento del precio de la gasolina el principal catalizador, aunque los problemas centrales, relacionados con los servicios de transporte formales versus informales, son de larga duración.
De hecho, la situación se desbordó en el centro del país a través de las protestas de transportistas de carga pesada, a los que se sumaron campesinos de Junín, y al final de la semana miles de personas salieron a las calles de Huancayo para protestar por el alza de combustibles, el precio de fertilizantes, y el alto costo del transporte de productos. Durante varias horas hubo enfrentamientos con la policía, saqueos y ataques a bienes públicos y privados.
Reacción del gobierno
Ante las manifestaciones populares, el gobierno reaccionó durante el fin de semana anunciando la exención del 90% del ISC a la gasolina y un aumento del 10% en los salarios mínimos.
La excepción tributaria a ciertas gasolinas debería hacer bajar los precios mayoristas cerca de un 20%, y estará vigente hasta el 30 de junio. Sin embargo, el mismo decreto permite la prórroga por un máximo de seis meses adicionales, luego de evaluar la evolución del precio internacional del petróleo y su impacto en los precios internos. En términos de sacrificio fiscal, asciende a S/ 250 millones por mes.
Pero los anuncios quedaron cortos para apaciguar las demandas, que de hecho se extendieron a otras regiones, incluida Lima metropolitana. Los bloqueos de carreteras y autopistas, los enfrentamientos con la policía y los saqueos fueron el centro de atención.
Posibles implicaciones económicas y políticas
En este contexto, el presidente Castillo y su gabinete declararon el toque de queda en Lima el martes 5 de abril, con el objetivo de detener las protestas.
“En nuestra opinión, la medida parece desproporcionada y puede agravar la situación general. En primer lugar, el costo económico de imponer tal toque de queda es unas diez veces mayor que el costo de la huelga del transporte”, señala JPMorgan.
“En segundo lugar, no está claro si la medida será suficiente para aplacar las tensiones, ya que se han extendido a todas las regiones del país y las demandas han trascendido los precios de la gasolina (por ejemplo, los sindicatos de transportistas exigen su formalización para acabar con los bloqueos)”, agrega.
Además, el banco estima que otros sectores pueden encontrar incentivos para expresar su frustración por el mayor costo de vida, particularmente en los precios de los alimentos, que se agudiza con los paros del transporte y el cierre de mercados por el toque de queda.
“Finalmente, la decisión del gobierno de implementar un toque de queda, que va en contra de los derechos constitucionales, probablemente afectará su ya baja popularidad mientras enardece su relación con el Congreso”, concluyó.
