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Únete al canal de GestiónLa decisión de Argentina de postergar hasta finales de este año sus compromisos de deuda local en dólares alivia su pesado cronograma de vencimientos, pero no logra despejar completamente las persistentes dudas sobre la reestructuración de los bonos bajo legislación extranjera que pretende concretar cuanto antes para dar aire a su asfixiada economía.
Agobiado por una recesión que cumple este mes dos años y con perspectivas de profundizar la caída por los efectos de la pandemia de coronavirus, este lunes el Gobierno de Alberto Fernández decretó no pagar hasta el 2021 los servicios de la deuda en dólares emitida localmente, lo que implica postergar compromisos por casi US$ 10,000 millones.
La decisión alivia la carga financiera del país suramericano en momentos de tensión para sus cuentas públicas por la emergencia sanitaria -con mayor gasto público e ingresos en caída por la merma de la actividad debido a las estrictas medidas de aislamiento- y con reservas monetarias limitadas -unos US$ 43,700 millones-.
La decisión de Argentina excluye los vencimientos relativos a títulos bajo ley extranjera previstos entre abril y diciembre, unos US$ 410 millones de capital y unos US$ 3,100 millones de interés, compromisos cuyo cumplimiento resultará central para el proceso de negociación con los acreedores privados que tienen en sus carteras los papeles bajo legislación extranjera por US$ 69,000 millones que Argentina pretende reestructurar.
Los mercados reaccionaron al denominado "reperfilamiento" de la deuda local en dólares castigando a los bonos alcanzados por la medida, pero empujando al alza a los títulos bajo legislación de Nueva York ya que los inversores interpretaron que con esta decisión el Gobierno queda mejor plantado para hacer frente a los compromisos externos mientras busca un acuerdo de reestructuración.
Incertidumbre latente
Sin embargo, las dudas respecto al futuro de ese proceso siguen latentes.
Para las correduría Balanz, la decisión de “reperfilar” tiene dos lecturas posibles: por un lado, la medida implica que el Tesoro tiene más reservas para pagar los bonos de legislación extranjera durante las negociaciones; por otro, puede ser la señal de que Argentina alcanzó el “límite de uso de reservas” para el pago de la deuda. “Nos inclinamos por la segunda”, dijo la firma en un informe.
Hay aspectos de la decisión que disparan lecturas negativas entre los analistas, como el hecho de dar un trato diferenciado a los bonos -y, por tanto, a los acreedores- según sea su legislación, lo que afecta la credibilidad de Argentina, y si el aplazamiento de pagos implica o no un “default” (cese de pagos).
En principio, Fitch ya rebajó la nota de la deuda argentina en moneda extranjera al considerarla en "default restringido", un escalón previo al cese de pagos, que se produce cuando efectivamente se concreta un incumplimiento.
La calificadora observó que Argentina aún no ha presentado una oferta formal de reestructuración y que es “muy incierta” la pérdida que los acreedores estarían dispuestos a convalidar, lo que, a su juicio, plantea “riesgos de negociaciones prolongadas y de incumplimiento de pago” dado que las autoridades han expresado “un apetito cada vez menor” por seguir pagando los vencimientos con reservas.
Vencimiento clave
Para la correduría Portfolio Personal Inversiones, “la visión más favorable y de cierta probabilidad” es que Argentina siga cumpliendo con sus compromisos bajo ley extranjera.
Con todo, la firma advirtió que en un escenario en donde el equipo negociador argentino "pierde credibilidad a pasos agigantados" y "no hay posiciones oficiales claras", "la incertidumbre en consecuencia es alta" y "ser positivos con el proceso de reestructuración en curso cuesta".
Las miradas están puestas ahora en el 22 de abril. Ese día Argentina debe pagar US$ 500 millones de intereses de tres bonos de ley extranjera.
Allí se verá si Argentina cumple o no, o echa mano al período de gracia de 30 días para saldar la deuda antes de ser considerada en “default”.
Para la consultora LCG, hay cuatro caminos posibles. Uno es que Argentina presente de inmediato una oferta de reestructuración y logre rápidamente un acuerdo.
Otra posibilidad es que decrete un "reperfilamiento" para los bonos bajo ley extranjera, sea considerado formalmente en "default" y afronte juicios en tribunales de Nueva York.
La tercera opción es que Argentina haga una oferta que sea rechazada y siga pagando los intereses mientras espera mejores condiciones internacionales para hacer una propuesta “más tentadora” para los acreedores.
La cuarta alternativa es no pagar el 22 de abril y caer en cese de pagos una vez vencido el período de gracia, y recién después formalizar una oferta a los acreedores.
“El desafío de la cuarta alternativa es justificar el no pago de intereses en un año donde no hay carga de vencimientos. El país no tiene vencimientos de capital, por lo que la voluntad de pago se vería afectada de cara a una futura negociación”, observó LCG.
