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Desde el año 2017 -mediante el Decreto Supremo N° 068-2017- se estableció que en el diseño de los contratos de Asociación Público Privada (APP) se deberá incluir una cláusula anticorrupción, bajo causal de nulidad.
Así, de los 32 concesionarios con obras supervisadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), solo 3 han firmado dicha cláusula, quedando pendiente la firma de unos 27, señaló este miércoles María Antonia Remenyi Díaz, Consultora en temas económicos.
Detalló que se trata de las concesionarias APM Terminal, a cargo del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao; Salaverry Terminal Internacional, a cargo del proyecto Terminal Portuario Multipropósito Salaverry; y la Concesionaria Hidrovía Amazónica, a cargo del proyecto “Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón”.
De igual manera, la concesionaria Terminales Portuarios Euroandinos Paita, que tiene a cargo la obra Terminal Portuario de Paita, se encuentra en proceso para la firma de esta disposición.
Remenyi señaló que estas cláusulas fueron firmados a través de una adenda por un tema específico de la obra y dentro del documento se agregó la cláusula anticorrupción, por lo que -en su opinión- da la impresión que los concesionarios no toman en cuenta que tienen algo que ganar.
“Una de las cosas que gana es mejorar la imagen y credibilidad del sector privado. Si firman la cláusula anticorrupción voluntariamente, pues no es obligatorio, levantaría la opinión sobre las Asociaciones Públicas Privadas que también ha sido desprestigiados”, indicó la economista durante el foro “Cláusula Anticorrupción: necesidad de su incorporación en los contratos de concesión”.
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¿Qué propone Ositrán?
Al respecto, la presidenta del Consejo Directivo del Ositrán, Verónica Zambrano, señaló que como esta cláusula se firma a través de una adenda, desde el órgano supervisor se busca que dicho documento se firme como parte del contrato, sin tener otra de necesidad de la obra. Y es que según recuerda, las adendas se firman para modificar un proyecto.
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De igual manera, Zambrano detalló a Gestión que los concesionarios han mostrado interés en firman la citada cláusula, sin embargo, existe una situación compleja en cada concesión por lo que consideró ser flexibles con algunas de ellas.
“La cláusula (anticorrupción) original es muy genérica y no toma en consideración situaciones particulares de las empresas. Las cláusulas deben flexibilizarse en cada contrato. Un grupo de accionarios que compra una empresa que tenía problemas no va a querer tomar responsabilidad por el pasado. Todo se verá hacia adelante, pero eso no significa que no haya impunidad porque las normas legales funcionan en el pasado”, apuntó.
Agregó que siguiendo las recomendaciones de la economista Remenyi, desde Ositrán se ha lanzando el Barómetro de Integridad que muestra a las empresas concesionarias que ya han firmado la cláusula de corrupción y las que quedan pendientes.
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