En respuesta a la reciente publicación del Decreto de Urgencia 005-2024, sobre garantizar el acceso a medicamentos genéricos en el Perú, la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab) emitió un comunicado. “A pesar de sus buenas intenciones, no cumplirá con alcanzar los objetivos que dice perseguir”, dice.
En 2019 se publicó el DU 007-2019 que exigía a farmacias y boticas del sector privado a contar con una lista de medicamentos genéricos. La vigencia de este decreto, que inicialmente era hasta el 31 de diciembre del 2020, se extendió -con la llegada de la covid- hasta nueve meses posteriores a la culminación de la declaración de Emergencia Sanitaria por la pandemia, es decir, hasta febrero pasado. Esto llevó a que desde ciertos sectores se exigiera que se evalúe continuar con una exigencia similar. Sin embargo, no ha sido bien recibido desde todos los flancos pues retoma exigencia a estos establecimientos del sector privado.
En el caso de Anacab enfatiza que sus miembros continuarán ofreciendo dichos medicamentos, como ha sido la costumbre, pero critica que la normativa no se enfoca suficientemente en solucionar el problema de fondo.
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El comunicado de Anacab destaca la importancia de garantizar que las 9,000 farmacias del Ministerio de Salud (Minsa), que atienden a los 20 millones de peruanos afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), estén adecuadamente abastecidas con los medicamentos requeridos, los cuales deberían ser proporcionados de manera gratuita, oportuna y segura.
Además, Anacab hace un llamado al Gobierno y especialmente al Ministerio de Salud para que evalúen técnica y objetivamente el impacto potencial del decreto. La asociación insta a buscar, mediante el diálogo, soluciones más efectivas y adecuadas que permitan cumplir con el objetivo de ofrecer a los peruanos, especialmente a los de menores recursos, acceso gratuito a medicamentos de calidad, seguros y eficaces.
En su comunicado, Anacab reafirma su compromiso de trabajar continuamente por ofrecer más y mejores alternativas en el ámbito de los medicamentos genéricos, en línea con su rol complementario al del Estado, que debe ser el principal garante del derecho a la salud en el Perú.
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Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, se pronunció en la misma línea. “Hay un descontento terrible. El Estado debe tener en cuenta que en el Perú hay 28,000 farmacias privadas. De esas, más de 20,000 somos microempresa y estamos en las zonas alejadas, donde no hay un crentro de salud. ¿Qué pasa con este DU? Es totalmente confuso, tiene imprecisiones, errores, omisiones”, dijo en entrevista en Exitosa.
Jiménez agregó que el Estado debería propiciar una mesa técnica con los diferentes actores. “No es una mesa solo con los químicos farmacéuticos. La idea es tener una norma bien hecha, consensuada, que finalmente no sea un saludo a la bandera ni que afecte a los químicos farmacéuticos o a los propietarios de boticas. Por ejemplo, (el DU) habla de una multa de 2UIT (S/ 10,300) de manera discriminatoria porque solo aplica para el sector privado. ¿Qué pasa con el sector público? ¿Quién lo multa para que cumpla?”, apuntó.