El exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, salió en defensa de las modificaciones aplicadas a la Ley Forestal -a través de la Ley Nº 31973- que aprobó y promulgó por insistencia el Congreso de la República, pues indicó que reconoce a productores agrícolas que ya desarrollan su actividad en la Amazonía, aunque hizo algunas advertencias.
La referencia es a la modificación de los artículos N° 29 y 33 de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que transfiere al Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri) las competencias para establecer bosques de producción permanente y la aprobación de la zonificación forestal, tarea que antes estaba en manos del Ministerio del Ambiente (Minam).
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Ley polémica
Lo que ha generado más polémica son las disposiciones complementarias de la Ley 31973, como exigir la suspensión de obligatoriedad de exigir zonificación forestal como requisito para otorgar título habilitante.
Además, el cambio establece que los predios privados con títulos de propiedad o constancias de posesión (en áreas) que no cuenten con masa boscosa y desarrollen actividad agraria, sean considerados de manera excepcional como áreas de exclusión para fines agropecuarios.
Por tanto, esos predios están exceptuados de realizar su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como también del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el resto de la Ley Forestal.
Posiciones encontradas
Estas modificaciones han generado la reacción en contra de algunos sectores, entre ellos sectores ambientalistas que cuestionan los cambios, porque consideran que esto admite la tala indiscriminada de bosques, aunque otros la defienden, porque permitiría dar títulos habilitantes a empresas que desarrollen actividad agrícola, dando legitimidad a su uso.
Esto va en línea con la implementación del Reglamento de Deforestación aprobado por la Unión Europea, que regirá desde el 2025 y busca evitar que países adquieran productos agrícolas por parte de compañías que no sean capaces de justificar la legalidad de sus sembríos.
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No se debería retroceder
Consultado sobre el tema, Benites -en diálogo con RPP- defendió los cambios a la ley, señalando que no se puede retroceder en el desarrollo de actividad agrícola en zonas de la Amazonía (donde se retiró los bosques para permitir cultivos).
“Ya no se puede retroceder y decir (a los agricultores) aquí ya no se puede hacer (cultivos) porque esto era suelo forestal y tienen que salir. Eso es imposible, es irreal, puede condenar a la pobreza más extrema a más de 2 millones de personas solo en la Amazonía”, advirtió.
En ese sentido, el exministro indicó que el cambio a la ley resuelve una parte del problema, porque establece una línea de corte, hasta el día que se aprobó este cambio normativo, permitiendo la siembra de café, cacao, entre otros, en reemplazo del cultivo de coca.
Dio a entender que este cambio, permitirá la titulación de aquellos productores de cultivos alternativos, y dará pie hacia su formalización.
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Solo 16% tiene aptitud agrícola
Benites refirió que, en general, en los últimos 50 años, el Estado ha otorgado titulación o constancias de posesión y dado créditos, pero en forma indiscriminada, sin haber hecho una zonificación adecuada.
Refirió que esto no es un problema solo de la Amazonía, pues, reveló, según datos del Midagri, solo el 16% de la agricultura en el Perú se desarrolla sobre terrenos adecuados para realizar esa actividad productiva.
Explicó que, según la normativa vigente desde 1975, no se puede titular como predios agrícolas aquellos que no tuvieran aptitud agrícola, la cual se determina al cabo de estudios de suelos que establecen sus niveles de acides, capacidad de drenaje, etcétera, según metodologías vigentes, aunque ya desactualizadas.
“Eso quiere decir que el 84% de la agricultura en el Perú estaría en problemas debido a que no cumpliría con la norma forestal, porque el hecho que diga norma forestal no significa que se aplica solo en la Amazonía”, aseveró.
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Problemas por resolver en norma vigente
Benites observó que (el resto de) la Ley Forestal aún tiene un gran problema, que es que permite la deforestación legal.
“Si hoy se hace estudios de suelos en la Amazonía, donde hay bosque en pie, y encuentra que el suelo tiene aptitud agraria, se puede cortar el 70% del bosque, y dejar 30% de reserva. Así lo dice esa ley”, explicó.
En tal sentido, concluyó en que existe un vacío en la norma, pues si ya tenemos 12 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía, “para qué queremos más”.
“Lo que hay que hacer es prohibir nuevas titulaciones, no queremos más cambios de uso”, aseveró. Coincidió que esto requiere una nueva modificación a dicha ley que no permita más cambios de uso a futuro.
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San Martín acude al TC
Ericka Salazar, presidenta de la Cámara de Comercio de la región San Martín, consideró que por la forma como se modificó la Ley Forestal, está abierta a que se siga deforestando, pues no contiene ningun tipo de protección, sino legaliza la tala ilegal en otras zonas (de la Amazonía) lo cual enfrenta al Estado contra el Estado.
Indicó que está de acuerdo con el cambio de la ley que permite a los agricultores de zonas de la Amazonía operar en forma legal, y además que permite a los exportadores madereros adecuarse al reglamento de la Unión Europea, pero insistió en cuestionar la parte que, consideró, favorece la deforestación.
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“Prácticamente, a las personas que se dedicaron a deforestar, que tienen juicios pendientes (por esa razón) les estás dando carta blanca para que se legalicen, y no haya ningún tipo de penalidad”, aseveró.
Para enfrentar esa situación, indicó que este 31 de enero, el gobierno regional de San Martín presentó al Tribunal Constitucional (TC) un pedido de inconstitucionalidad de la Ley Forestal.
Además, refirió que, lo que el Estado tenía que haber hecho es la geolocalización de todos los cultivos y citó como ejemplo que, en la Amazonía, la región San Martín sí tiene zonificación territorial.