La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan) solicitó a la Contraloría que aborde -con firmeza- el caso de la compra de medicamentos con fallas de calidad a los no domiciliados del exterior.
Así como conocer las razones por las que la Digemid dejó pasar ocho meses -desde que se advirtió que los análisis arrojaron que los productos no eran conformes- dejando que fueran distribuidos a nivel nacional. “Una negligencia y falta de respeto a pacientes epilépticos, principalmente”, subrayó el gremio.
José Enrique Silva, presidente de Adifan, indicó que Cenares miente al decir que no pudo realizar la compra de medicamentos a empresas formales, que radican en el país, por la “falta de oferta” cuando “hay de sobra oferta” de medicinas de empresas locales.
“No es cierto que las adquisiciones a empresas no domiciliadas fueron hechas porque Cenares (MINSA) no pudiera realizar las compras a empresas formales por falta de oferta en el mercado local. Había -de sobra- oferta nacional y extranjera formal. Basta dar una mirada en la web a los productos con registro sanitario vigente al momento de la compra, algo fácil de corroborar”, expresó.
“De la lista difundida por un medio de comunicación, solo uno de los medicamentos no tiene oferta local, peor aún en esos procesos de compra no permiten presentarse a los nacionales”, anotó.
Según pudo conocer Adifan, el Estado habría comprado a estas empresas no domiciliados, que no tienen ni RUC ni pagan impuestos en Perú, con grandes ventajas sobre el proveedor local formal y con advertencias de fallas de calidad que la descalifican para el consumo.
-Las ventajas a los informales no domiciliados
El presidente del gremio deploró -por todo ello- que el propio Estado juegue en contra del proveedor formal -nacional o extranjero- y que con argumentos falsos se armen excusas “legales” para comprarle a los no domiciliados.
En ese sentido, enumeró las características que deben llamar la atención de las operaciones con empresas no domiciliadas:
- Al No Domiciliado le compran “a dedo” y no permiten intervención de los nacionales formales.
- El Estado les paga en dólares a los no domiciliados, mientras al nacional en soles (tarde y mal).
- El Estado les paga los controles de calidad a los no domiciliados, mientras que el nacional los asume totalmente.
- Al no domiciliado el Estado les paga los registros sanitarios. El nacional -en cambio- asume sus costos.
- Al no domiciliado le otorgan registros sanitarios en pocos días, mientras que al nacional hasta en más de 12 meses.
- Al no domiciliado el Estado los representa y les hace la gestión logística, con nuestra plata (de impuestos). El nacional tiene que realizar y pagar todo.
- El no domiciliado no paga impuestos en el Perú, mientras que el nacional sí.
- El no domiciliado cobra rápido (afianzado) mientras el nacional, en compra local, cobra mediante procesos largos y burocráticos.
- El no domiciliado no tiene químico farmacéutico responsable técnico ni gerente general que asuma civil o penalmente frente a daños en caso de medicamentos de mala calidad. Tampoco tiene domicilio o responsable en el país, mientras que el nacional y sus representantes son solidaria y directamente responsables.
“¿Porqué esa falta de respeto por la salud de los pacientes entregando medicamentos no aptos a sabiendas? ¿y porqué se falta también a los empresarios formales y a los trabajadores de nuestro país? El Congreso tiene en sus manos el poder de acabar con estos abusos aprobando el PL 1389 – 2021 y la Contraloría debe actuar ya”, puntualizó.
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