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La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por ampliar mayoría -con 9 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención- el predictamen para la no ratificación del Acuerdo de Escazú (“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”) de las Naciones Unidas que fue adoptado en el 2018 y que tenía como fecha de cierre de adhesiones el 26 de setiembre del 2020.
Hasta ahora fue adoptado por 22 países de la región, entre ellos Argentina, Brasil y México.
Según el predictamen aprobado, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría erogaciones económicas del Estado peruano para su implementación:
- Ministerio de Energía y Minas dijo que la provisión de los recursos estimados en S/ 1′500,000 por año, por un período de nueve años y de S/ 21′600,000 por un período de veintiún años.
- Ministerio de Agricultura y Riego indicó que asumirían las inversiones siguientes: S/13′500,000 para la generación de información de levantamiento de suelos a nivel de reconocimiento (S/ 1′500,000 por nueve años) y S/ 21′600,000 para la generación de información de levantamiento de suelos a nivel semidetallado por 21 años.
- Refiere además que, a los gobiernos regionales les correspondería aportar S/ 160′395,300 para la generación de información de levantamiento de suelos a nivel de reconocimiento (S/ 1′500,000 por 9 años) y S/ 142′028,280 para la generación de información de levantamiento de suelos a nivel semidetallado por un periodo de 21 años.
Los congresistas que expresaron su postura en contra de su ratificación afirmaron que la vigencia del Acuerdo de Escazú afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia.
También consideraron que el tratado no era necesario dado que el sistema jurídico peruano ya cuenta con regulación suficiente en materia de acceso a la información y justicia ambiental.
Cabe recordar que la Confiep también se mostró en contra de su ratificación ya que llevaría a la pérdida de la soberanía al momento de decidir sobre su industria y desarrollo.
“Se abriría la puerta para que transnacionales y otros gobiernos tomen decisiones sobre nuestro territorio pensando en sus propios beneficios”, dijo su presidenta María Isabel León.
El acuerdo de Escazú, cabe precisar, es un tratado que busca garantizar el acceso a la información ambiental, participación pública en los proceso de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Para el gremio, mientras el artículo 7 del acuerdo establece el derecho de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones ambientales, el 2 extiende ese derecho a las personas jurídicas en el marco internacional y no solo a la población local, que abriría la puerta a que instituciones foráneas se pronuncien sobre proyectos de desarrollo.
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