Hay 360 expedientes de inversión ‘estancados’, sin opinión ambiental del Midagri

La DGAA, como la norma indica, es la oficina que se encarga de evaluar y aprobar instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión del sector agrario comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero también del sector minero, petróleo, gas, energía e industria.

Básicamente, según explica el especialista en agronegocios Marco Vinelli, todos los proyectos agrícolas de más de 20 hectáreas tienen que obtener la autorización de dicha dirección ambiental.

Milton Von Heese, exministro de Agricultura, agrega que la DGAA también evalúa proyectos relacionados al cambio de uso de suelos. Un tema que genera controversia con grupos ambientalistas.

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Por ejemplo, cuando una empresa minera busca habilitar una servidumbre en un área que puede tener ciertas restricciones, pues para el Midagri, la mayoría de suelos en el país califican como suelo de actitud forestal incluso cuando no hay ningún árbol. Otro ejemplo, señala, es el permiso que se requiere para la producción de palma aceitera, aunque éstos se realizan, menciona, en áreas degradadas.

Según la ministra, la DGAA se estaría demorando en promedio tres meses para responder una opinión técnica vinculante, incluso cuando se trataba de proyectos públicos. “Más de 1,000 opiniones eran para nuestro mismo sector”, indicó durante una conferencia de prensa donde lanzó el programa Con Punche Perú Agro.

El objetivo del sector es ahora reducir los plazos de espera y agilizar los procesos de respuesta para lo cual destinarán S/ 2.5 millones exclusivamente a la dirección, con la finalidad de incrementar el personal y usar herramientas del gobierno digital. Lo mismo se aplicaría en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y en el Serfor.

Con este presupuesto se estima que en adelante se resuelvan otros 1,200 expedientes de inversiones en el sector agrario y 200 expedientes de inversión de otros sectores, lo que viabilizaría inversiones por S/ 9,000 millones, según pudo conocer este diario.

Von Hesse, no obstante, opina que el sector debe analizar las razones por las que los expedientes no estaban avanzando. Por un lado, el gobierno del expresidente Pedro Castillo “no tenía intenciones claras de destrabar proyectos de inversión”, y, en segundo lugar, -dice el exministro- existe presión de grupos y ONG ambientales “radicales” que han denunciado permanentemente a funcionarios del ministerio por autorizar el cambio de uso de suelo en la cuenca amazónica. “Si bien es cierto que hubo crímenes ambientales en el pasado, no es cierto que todas las intervenciones constituyan un crimen ambiental”, sostiene.

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Nuevo reglamento

Vinelli también agrega que para potenciar la dirección, que es clave para la ejecución de nuevos proyectos, los recursos no deben centrarse solo en la contratación de mayor personal -”si es que no se mantiene el presupuesto el próximo año, será en vano”, menciona- sino, en la aplicación de tecnología para evaluar los planes de instrumentos de gestión ambiental, imágenes satelitales, drones, entre otros.

De hecho, la dirección general ya ha puesto en marcha la actualización de su reglamento. La última vez que lo hizo fue en el 2012. Según un comunicado, iniciará su proceso de sociabilización los primeros días de marzo en el norte del país.