La ACG expresa su profunda preocupación ante la interrupción del servicio de transporte de gas natural ocasionada por el reciente incidente en el sistema de ductos.

El transporte de gas natural por ductos es un servicio público esencial, brindado en condiciones monopólicas, y constituye infraestructura crítica para la generación eléctrica, la industria, el transporte, el comercio y millones de hogares peruanos. La paralización total del sistema evidencia una vulnerabilidad estructural que no puede ser ignorada, no puede ser aceptable ni tolerable.

Si bien reconocemos que la política energética y la planificación sectorial son responsabilidad del Estado, también es cierto que el concesionario del sistema de transporte -como operador monopolista con ingresos garantizados que exceden largamente el costo del servicio- tiene la obligación empresarial de gestionar adecuadamente los riesgos operativos inherentes a la actividad, cosa que no ha ocurrido.

La gestión del riesgo y la resiliencia del sistema no son opcionales: forman parte esencial del negocio de infraestructura crítica. No es razonable que todo el país dependa de un único ducto sin mecanismos efectivos de redundancia o respaldo que permitan mitigar contingencias, especialmente ante situaciones recurrentes como ésta.

La ausencia de un esquema de confiabilidad suficiente ha trasladado el riesgo operativo a millones de consumidores, industrias y al propio sistema eléctrico nacional, generando sobrecostos, pérdidas económicas y potenciales impactos en el empleo y la competitividad del país.

Por ello, la ACG:

  1. Exige se ejecuten las medidas necesarias y urgentes para mitigar el impacto de la situación de escasez de gas natural para generación eléctrica e implementar una solución inmediata para restituir el servicio lo antes posible.
  2. Requiere que TGP mantenga informado a todos los agentes afectados en la cadena de suministro de gas natural, respecto de las causas del incidente, así como las acciones que prevé ejecutar para implementar la solución a la brevedad posible.
  3. Solicita al regulador y a las autoridades competentes evaluar con urgencia las responsabilidades derivadas del incidente.
  4. Exige que se determine el impacto económico generado a los usuarios y se establezcan los mecanismos de compensación que correspondan.
  5. Insta a que se adopten medidas estructurales para garantizar la resiliencia del sistema, incluyendo soluciones de redundancia y respaldo que aseguren la continuidad del servicio.
  6. Considera indispensable revisar los incentivos regulatorios para que la confiabilidad y la gestión del riesgo sean prioritarias en la operación del sistema.

La seguridad energética no puede depender de la suerte. Un país competitivo necesita infraestructura confiable. La ACG seguirá vigilante en defensa de los consumidores y del interés público.

Asociación de Consumidores del Gas en el Perú

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