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Eliminar la comisión por transferencia interbancaria y pago de tarjetas de crédito en los 16 bancos que operan en el Perú restringiría más el acceso a créditos de los peruanos y pondría en pausa el ligero avance de la inclusión financiera en el país.
Tal y como sucedió luego de establecerse los topes a las tasas de interés en el sistema financiero, afirman Juan José Marthans, exjefe de la SBS y Enrique Castellanos, profesor de economía de la Universidad del Pacífico.
El último lunes, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso (Codeco) aprobó un predictamen que busca eliminar definitivamente la comisión interplaza en las transferencias en todos los canales existentes “y de esta forma se pueda proteger realmente al usuario bancario y financiero ante una práctica que nos viene perjudicando sin justificación objetiva alguna”, señala la exposición de motivos del proyecto de ley.
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La aprobación no ha tomado en cuenta, sin embargo, las advertencias de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ¿Qué dijo?
“La prohibición de los cargos (incluidos en el dictamen) podría generar un rompimiento en la red de pagos electrónico, pudiendo además provocar que las entidades financieras dejen de ofrecer dichos servicios en perjuicio de los usuarios, entidades con menos capilaridad y promoviendo un mayor uso de efectivo en la economía, con las ineficiencias y riesgos asociados a ello. Este efecto sería incluso más grave en las zonas más alejadas del país y de menores ingresos promedio, afectando negativamente los avances en inclusión financiera”, señaló.
Cabe señalar que alrededor del 90% de los peruanos aún usan efectivo; siendo además en el ámbito rural la distancia a un punto de atención del sistema financiero la segunda principal barrera para la inclusión financiera por los altos costos asociados al traslado de las personas. La distancia es de hasta 2 horas en algunos casos.
El último reporte sobre inclusión financiera a junio del 2022, elaborado por la SBS, resalta que el número de oficinas (agencias) bancarias se ha venido reduciendo, “siguiendo las tendencias internacionales”, pasando de 4,542 a 4,204 oficinas entre el 2017 y 2022.
“La inclusión financiera avanza a paso lento. El saldo de préstamo de las Cajas Rurales, que atiende al segmento A y B, y la parte de arriba del C del sector rural, ha bajado casi 30% en los últimos tres años. En el caso de las tarjetas de crédito, ha pasado lo mismo, excluyendo al segmento más bajo. En resumen, mantenemos el 30% de la población peruana que accede a ciertos productos financieros”, analiza Enrique Castellanos.
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Las tasas que podría moverse
Consultado por los productos financieros que podrían encarecerse de aprobarse en el Pleno del Congreso el dictamen que elimina la comisión por transferencia interbancaria y pago de tarjetas de crédito, podrían verse éstos cambios:
- Tasa de interés en depósitos: “Si el banco, que responde también a sus accionistas, no puede cobrar dicha comisión, podría trasladar el costo en la tasa de interés por depósito que ofrece a sus usuarios, es decir, bajarlo”. Incluso -anota- podría limitar los descuentos y beneficios que ofrece en la cuenta asociada al pago de planilla, sostiene Castellanos.
- Tasa de interés por tarjeta de créditos: Por otro lado, el costo también podría trasladarse a la tasa de interés que se carga por consumos en tarjetas de crédito que han subido por encima del 60% anual, menciona Jorge Carrillo Acosta, profesor de la Pacífico Business School. De hecho, según datos de la SBS, las tasas de interés en tarjetas de crédito llegaron este año al 82%, el nivel más alto en 13 años.
- Otros cobros: Los especialistas tampoco descartan que se creen otros cobros, por ejemplo, una comisión por ciertas operaciones que se puedan realizar a través de la página web de las entidades bancarias o limitar el número de operaciones que se puedan realizar sin costo en cajeros y ventanillas.
¿Inconstitucional la norma?
La SBS también ha advertido que la propuesta legislativa de establecer la gratuidad de los servicios mencionados podría ser contraria a la Constitución Política del Perú, la cual contempla un sistema de economía social de mercado, en el que la libre iniciativa privada, la libre empresa y la libertad de contratar, incluyendo necesariamente el derecho a determinar precios libremente, están garantizados como principios y derechos fundamentales.
Al respecto, Marthans también señaló que la norma, de aprobarse en un futuro en el Pleno, tiene un carácter discriminatorio, porque a los pequeños clientes de la banca teóricamente no se les ve a permitir la comisión interplaza, pero sí se les va a cobrar por otros productos.
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