El pleno del Congreso cerró su última legislatura del año con varios temas pendientes, entre ellos la eliminación del cobro por transferencias bancarias y pago de tarjetas de crédito. Una reconsideración del voto presentada a último momento paralizó el envío de la autógrafa al Ejecutivo.
Durante la sesión del jueves 12 de diciembre el dictamen se aprobó en segunda votación, sin observaciones. No obstante, por escrito, el congresista Víctor Flores (Fuerza Popular) presentó una reconsideración del voto.
El pedido no fue resuelto en la última sesión del año, que se extendió hasta la madrugada del 14 de diciembre; por tanto, se frena el proceso de aplicación de este dictamen. Al menos, hasta que sea visto en la Comisión Permanente o en el pleno del próximo año.
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¿Qué se plantea aprobar en el Congreso?
El objetivo de la referida norma es eliminar la comisión que pagan los usuarios del sistema financiero por transferencias bancarias y pagos de tarjeta de crédito. Se exceptúa de la norma a las cajas rurales, microfinancieras y cooperativas.
El texto aprobado, que se votó en el pleno, introdujo una modificación a la Ley 31143, denominada “Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros”, y fue respaldada por 75 parlamentarios.
Según el dictamen, en los contratos de tarjeta de crédito y contratos de cuenta de ahorro y corriente, a nivel nacional, no procede el cobro de la comisión por transferencias bancarias, ya sea transferencia en la misma empresa, transferencia a otra empresa o transferencia desde otra entidad.
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Asimismo, se incorporó en la Sexta Disposición Complementaria Final a la Ley N° 31143 la prohibición del cobro de comisión por pago de tarjeta de crédito, a través de empresas financieras u otros que sean distintos a la empresa a la que pertenece la tarjeta de crédito.
“Con esta norma se busca ayudar a los consumidores eliminando los costos por transferir su propio dinero a través de entidades financieras y de pagar tarjetas de crédito. Así, existe diversidad de tarifas que son cobradas por realizar transferencias bancarias entre diferentes entidades financieras, las cuales varían según el tipo de transferencia, ya sea por horarios o inmediata; el medio de pago (página web, aplicación móvil, ventanilla, agente); por plaza (misma ciudad, otra ciudad, ciudad remota); y según el monto y tipo de moneda (soles, dólares)”, dijo a Gestión la congresista Sigrid Bazán, autora principal del proyecto.
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Posturas contraria
Por su parte, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif) consideró que el Congreso ha decidido aprobar una medida que amenaza la continuidad de las transferencias bancarias, y que según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), vulnera el artículo 59 de la Constitución, que protege la libertad de empresa y la autonomía en la fijación de precios.
“La medida ha sido cuestionada por múltiples expertos y por instituciones como el MEF, BCR y la SBS. Se resalta el posible impacto que la norma tendría en la seguridad de este tipo de transacciones”, señaló Asomif mediante un comunicado.
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