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Un proyecto presentado en el Congreso propone incluir a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) como un organismo regulador solo de la actividad privada en materia de salud y adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Esto debilitaría la postura del Ministerio de Salud como ente rector y genera temor en las clínicas pues permitiría que el Estado fije de topes en el cobro de sus tarifas.
Por un lado, está EsSalud y el Seguro Integral de Salud (SIS) que pertenecen al Estado, donde el problema es la demora en la atención y la escasez de medicamentos; en contraste, cuando se asiste a una clínica privada, se utiliza un seguro particular y el inconveniente no es el medicamento sino los costos elevados en que incurre el cliente, dijo Ronald Casana, presidente del Comité Mipyme del Colegio de Economistas de Lima.
Sin embargo, en las clínicas prima la ley de oferta y demanda pues el usuario consulta un precio y, si no le parece módico, tiene la opción de elegir otro establecimiento de salud; lo cual no sucede en el sector público pues el usuario no cuenta con opciones y debe aceptar citas cada tres meses, señaló.
El 70% de peruanos se atiende en el Estado donde hay deficiencias en las atenciones, procedimientos engorrosos, demoras burocráticas en la compra de materiales y corrupción, acotó.
Casana sostuvo que esto ha llevado hacia una informalidad de empresas prestadoras de salud complementarias que establecen precios verdaderamente altos porque, a veces, son los únicos que ofrecen esos servicios y el paciente muchas veces paga para poder recuperar su salud.
Por tanto, no se justifica en ningún caso un tope a las tarifas que cobran las clínicas, ni los demás centros relacionados como boticas, farmacias o centros que ofrecen servicios médicos (exámenes, rayos X, entre otros), manifestó.
“Puede que no le salga a cuenta a la empresa comprar un equipo para resonancia magnética, por ejemplo, hacer toda una logística, una inversión grande, si le imponen un tope a su tarifa porque no cubrirá sus costos fijos operativos, ese es el problema de un control de precios”, advirtió.
Además, está prohibido por ley pues el Perú se rige bajo una economía social de mercado, añadió.
En cuanto a SuSalud, el economista sostuvo que debe tener un rol supervisor, que coordine con todas las entidades sanitarias a fin de mejorar el servicio que se ofrece, incluso priorizando el segmento público donde se observa una congestión en el sistema de citas y los pacientes no cuentan con recursos para acudir a una clínica.
Las quejas por el lado privado se deben al incremento en las primas del seguro pero las aseguradoras han diversificado sus productos para que los usuarios que pueden contratarlos, que es un grupo limitado, escojan el que se adecúe a su bolsillo y accedan a esta atención.
