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El arrendamiento financiero no logra levantar cabeza y sigue una tendencia bajista en los últimos tres años y medio.
El volumen de operaciones de arrendamiento financiero se redujo a S/ 14,169.5 millones a junio, desde niveles de S/ 17,339.2 millones registrados en diciembre de 2019, lo que representa una caída de 18.3% desde la pandemia a la fecha, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
En los últimos años, el clima de inestabilidad política, económica y social han afectado el dinamismo de la inversión privada, por ende, retrasan la decisión de las empresas de adquirir un nuevo activo fijo como maquinaria o infraestructura, dijo Arturo García, economista y docente de Finanzas de ESAN.
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“Los inversionistas están en un modo ‘wait and see’, es decir, esperar y ver qué sucede antes de retomar su interés por un plan de expansión en el país; la idea de un cambio de Constitución no es de su agrado y desde que este tema está sobre la mesa la inversión privada solo se ha retraído”, agregó.
El Banco Central de Reserva (BCR) redujo recientemente su proyección de la inversión privada y prevé una contracción de 2.5% para este año, aunque con una recuperación gradual de la confianza empresarial.
Esta modalidad de crédito, también conocida como leasing, se realiza con un contrato en el cual la institución financiera propietaria de un bien entrega en uso un activo a la compañía a cambio del pago de una renta durante un plazo pactado, al término del cual el arrendatario tendrá la opción de comprarlo.
Según la Asociación de Bancos (Asbanc), el leasing financiero es uno de los principales mecanismos de apalancamiento para impulsar la inversión privada y la compra de activos fijos por sus beneficios financieros y tributarios para las empresas peruanas.
García coincide con dichas bondades del arrendamiento financiero, que lo hacen más favorable para las empresas frente a un crédito tradicional.
La depreciación acelerada, característica propia de esta operación permite que el activo se deprecie en el tiempo que dure el contrato de arrendamiento, por tanto, el deudor pagará menos impuestos, señaló. Además, el IGV pagado como parte del alquiler le sirve a la compañía como crédito fiscal.
Pese a ello, el economista sostiene que el problema de fondo es el deterioro en la confianza de los inversionistas, la cual responde a la incertidumbre política interna. “El Gobierno debería pronunciarse y ser claro en su postura para dar claridad y predictibilidad a las empresas y que opten por reactivar sus planes de crecimiento”, manifestó.
Cuando se logre esta reactivación de la inversión privada, el arrendamiento financiero también tomará una senda positiva, complementó.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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