Únete al canal de Gestión
Recibir newsletter
El Código Penal fue modificado, por iniciativa del Congreso, para incorporar entre los delitos la modalidad de préstamos extorsivos. Se establece así sanciones correspondientes a quienes ofrezcan los denominados créditos “gota a gota”.
De esta forma, se introduce como modalidad de extorsión la simulación de contratos de mutuo con fines de intimidación y obtención de ventajas indebidas.
Entre las penas aplicables, está una sanción básica de 10 a 15 años de prisión, una agravada de hasta 25 años cuando se use violencia, armas o cuando las víctimas sean vulnerables (menores, adultos mayores, personas con discapacidad) y llegará a ser de cadena perpetua si la extorsión resulta en muerte o lesiones graves, según el Estudio Olaechea.
LEA TAMBIÉN Reactiva Perú desaparecería en próximos trimestres, ¿cuánto se perdería?
Asimismo, se incluye la extorsión digital como nuevo supuesto penal, sancionando actos cometidos mediante plataformas digitales.
Especialistas coinciden en que se está tipificando un nuevo delito para mitigar los préstamos extorsivos, ante la ola de criminalidad que afronta el país.
“La normativa actual no contempla la sanción penal para el supuesto de préstamo extorsivo. En ese sentido, este castigo sería una innovación respecto a la legislación vigente”, afirmó María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic.
Maquillaje
Asimismo, Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), manifestó que incluir estos créditos informales como un delito penado con cárcel podría ayudar a combatir la proliferación de dicha práctica.
“Pero no aborda el problema desde la base: la ley de tope a tasas de interés y la extendida informalidad en la que operan muchos peruanos es lo que los empuja a este mercado. Si el Gobierno no atiende estos temas, esta ley será solo un maquillaje para tranquilizar a la gente”, acotó.
El ejecutivo aseveró que para atenuar los préstamos “gota a gota” se debería empezar por derogar la ley que impone tasas máximas para el financiamiento formal.
“Hablamos de S/ 4,000 millones colocados en préstamos en este segmento informal que ya atiende a cerca de un millón de peruanos”, precisó.
Álvaro Castro, socio de Damma Asesores Jurídicos, argumenta que la dificultad para enfrentar a este mercado negro no está en la ley sino en el cumplimiento de la misma.
“Ya hay leyes que castigan la extorsión, las prácticas usureras y la estafa, ahora se está definiendo un delito especial para financiamiento, pero si no tenemos una fuerza policial, fiscalía y jueces más eficientes, no se logrará nada”, sostuvo.
El abogado indicó que la eliminación del tope a las tasas sería un buen inicio para luchar contra la informalidad en los créditos.
Bloqueo
Para Luis Ernesto Marín, socio de Rubio Leguía Normand, esta incorporación es buena pues busca luchar contra el “gota a gota” a través de una sanción penal para el crédito informal.
Sin embargo, deja de lado otros mecanismos urgentes que podrían resultar más efectivos contra los préstamos extorsivos.
“El bloqueo inmediato de los aplicativos, cuentas bancarias o billeteras digitales que se utilizan en la comisión de estos delitos, así como un monitoreo continuo de estos, sería de mayor ayuda”, expresó.
LEA TAMBIÉN Capitales que salieron de Perú por crisis política, ¿cuándo volverán según Sura?
Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
