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Hace unos días el INEI informó que el nivel de pobreza en el Perú subió el 2020 al 30.1% de la población, lo cual representa un aumento de casi diez puntos porcentuales respecto al nivel registrado en el 2019 (ver cuadro).
Al ser la población del Perú de 32 millones, ello implica que unos 3.2 millones de personas cayeron en la pobreza el año pasado, afectados por el impacto económico del COVID-19.
La línea de pobreza fijada por el INEI es el equivalente monetario al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos, que para el año 2020 asciende a S/ 360 mensuales por habitante; la persona cuyo gasto mensual es menor a S/ 360 es considerada pobre. Para una familia de cuatro miembros, el costo de una canasta básica de consumo es de S/ 1,440 mensual.
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¿Cuánto tiempo podría tomarle al Perú revertir los casi diez puntos porcentuales de aumento de la pobreza y retornar por lo menos al nivel registrado el 2019?
Al respecto, analistas consultados por Gestión señalaron que reducir la pobreza a los niveles previos al COVID-19 tomará aún más tiempo que la recuperación del PBI.
El PBI cayó en 11% en el 2020. El economista Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), estima que al PBI le tomará dos años, hasta el 2022, para volver a recuperar los niveles precovid.
No obstante, volver a un nivel de pobreza de 20% podría tomar más, entre tres a cuatro años, es decir, hasta el 2023 o 2024.
Explicó que el avance del PBI suele ir a un ritmo más rápido que la recuperación de los niveles de empleo y salarios, lo cual finalmente impacta directamente en los niveles de pobreza.
En ello coincidió el economista Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) e integrante de la Comisión Consultiva de Pobreza del INEI.
Portocarrero estimó que este 2021, debido al fuerte rebote de la economía, podría registrarse una reducción de la pobreza de cinco puntos porcentuales, para el 2022 podría bajar en tres puntos y en el 2023 en unos dos puntos porcentuales.
“En el 2023 se podría retornar al 20% de nivel de pobreza, pero si el ritmo de crecimiento de la economía en los próximos años es más lento de lo previsto, esto podría tardar hasta el 2024 o más allá”, anotó.
Medidas recomendadas
La generación de empleo vía el crecimiento económico es la mejor política para ayudar a la reducción de la pobreza, coincidieron los especialistas.
No obstante, debido a la crisis por el COVID-19 también recomiendan la entrega de nuevos bonos a la población más vulnerable.
Cabe anotar que la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, adelantó que la próxima semana el Gobierno anunciará nuevas medidas en la lucha para la reducción de la pobreza.
“Sí debe darse un nuevo bono como medida de corto plazo. Es una inyección directa a las familias. Ya el mismo FMI lo ha recomendado y se está aplicando en los países desarrollados. También se puede pensar en reforzar los programas sociales y de empleo temporal”, sostuvo Portocarrero.
Por su parte Macera refirió que si bien la entrega de un nuevo bono resulta relevante, se debe tener cuidado en que la transferencia sea focalizada.
“Otra política interesante es aplicar subsidios a la planilla, tal como ya está empezando a hacer el Gobierno pero se puede reformar esta medida. La mejor política de reducción de la pobreza es la generación de empleo productivo”, subrayó.
Riesgos
En la ruta hacia el objetivo de reducir la pobreza, los analistas advirtieron sobre algunas medidas, ya sea del Congreso o del Ejecutivo, que si bien pueden tener buenas intenciones, al final generen resultados contraproducentes.
Así, Macera recordó medidas del Congreso como imponer topes a las tasas de interés de los créditos.
“Eso hará más difícil que las pequeñas empresas accedan al crédito e impacta en su capacidad de generar empleo. También debe evitarse el generar un clima político incierto, pues paraliza las contrataciones y no ayuda a reducir la pobreza”, indicó.
En esa línea, Portocarrero refirió que se debe tener cuidado con medidas que generen incertidumbre y afecten los niveles de inversión.
“Esto por medidas que podrían buscar proteger a ciertos sectores, pero al final el remedio puede acabar siendo peor que la enfermedad”, anotó.
