Soto Vallenas: renuncia al Tribunal de Honor del JNE fue por falta de facilidades para pronunciarnos

Gastón Soto Vallenas, exvicepresidente del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó que su renuncia a este organismo junto con Delia Revoredo, titular del mismo, y de la historiadora Carmen McEvoy, se debió a que no les dieron las facilidades administrativas para pronunciarse con celeridad sobre hechos graves que marcaron esta segunda vuelta.

Mencionó los casos del atentado terrorista en el Vraem y la agresión a periodistas por parte de simpatizantes de uno de los candidatos a la Presidencia.

“Algunas decisiones que se tomaban en el Tribunal de Honor y debían ser publicadas con la rapidez que el caso requería como emitir un comunicado tras las agresiones que sufrieron los periodistas y solicitando de que se tomen cartas en el asunto por parte de los miembros de seguridad de los partidos políticos. Termina siendo (publicado) después de siete días, cuando es totalmente inoportuno”, declaró a radio Exitosa.

Asimismo, Soto Vallenas explicó que sus renuncias al cargo no es motivada por los últimos cuestionamientos al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arena.

“No tiene nada que ver. A pesar que el Jurado Nacional de Elecciones nos brinda el personal administrativo para ejercer nuestras funciones, el Tribunal de Honor mantiene su independencia. Renunciamos de manera irrevocable porque no queremos comentarios negativos de nuestra gestión”, agregó.

Caso Combina

El JNE también está envuelto en otra controversia con el congresista César Combina luego que este organismo emitió un pronunciamiento señalando que el parlamentario estaría vulnerando el principio de neutralidad. El legislador de Alianza para el Progreso denunció que intentan afectar su libertad de expresión mediante “coacciones”.

Para José Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), este pronunciamiento del JNE “es solo un llamado de atención hacia Combina” y no traería ningún proceso en contra como ser procesado en alguna comisión del Congreso o, en el peor de los casos, “suspendido para ejercer sus funciones”.

Mientras que Michell Samaniego, especialista en derecho electoral, afirma que el reclamo del parlamentario apepista “no llegará a mayores y se podrá resolver por los canales correspondientes”.