Procuraduría sobre caso Vizcarra: “Por el bien de las investigaciones, el fiscal que tiene la colaboración, es quien debe asumir”

La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, se pronuncia en exclusiva con Gestión respecto a las disputas entre el Equipo Especial Lava Jato y la Fiscalía Anticorrupción por las pesquisas contra el presidente Martín Vizcarra, quien presuntamente habría recibido coimas del consorcio Obrainsa Astaldi e ICCGSA, cuando era gobernador regional de Moquegua.

Advierte que una doble investigación pondría en riesgo también la labor de la defensa del Estado y el cálculo de la reparación civil.

El fiscal Germán Juárez abrió una investigación preliminar contra el presidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos de Obrainsa, mientras que el fiscal Elmer Chirre abrió otra pesquisa por los mismos hechos ¿Se puede investigar doblemente?

A mí me ha notificado hoy el doctor Juárez de la investigación que ha abierto. Esta disposición que me ha notificado es respecto a los hechos de la empresa Obrainsa, por los proyectos Lomas de Ilo y también por el Hospital Moquegua. Estoy revisando la disposición porque es amplia y lo que sucede es que a través de información en medios es que, he conocido que el doctor Chirre también abrió indagación contra los que resulten responsables. Entonces los hechos precisos a estos dos proyectos dados en el marco del proceso de colaboración son de competencia del doctor Juárez, porque es quien ha recibido la información.

¿Por qué tiene esa posición?

Nosotros consideramos que por el bien de las investigaciones, el fiscal que recibe las colaboraciones es el que debe asumir el caso principal o abierto que se generan a partir de estas investigaciones. No se trata de hechos aislados, no se trata de información que ha dado el colaborador respecto a otro tema. Es información que ha dado el colaborador respecto a la empresa Obrainsa la cual es parte del “Club de la Construcción”, pero que además está narrando un esquema de corrupción que habría existido para Lomas de Ilo. Entonces no se trata de un hecho ajeno sino se trata también dentro del esquema de las constructoras importantes del país. Por eso creo que es importante que el fiscal que lleva los procesos de colaboración, sea el fiscal que pueda aplicar esa información valiosa en su proceso principal y pueda litigar de manera exitosa.

Pero el fiscal superior Omar Tello, coordinador de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, ha señalado que el fiscal Chirre ya tiene diligencias 57 diligencias para esta semana… ¿Cómo se va resolver esta disputa?

Eso finalmente va ser dirimido, probablemente, en una contienda de competencia que es un proceso que está establecido en el Código Penal. Se da de dos maneras, cuando dos fiscales reclaman la competencia de un hecho o cuando dos fiscales incluso rechazan la competencia de un hecho, que ya ha pasado antes en el caso PPK. Ahí lo que va suceder es que se va elevar el hecho a una fiscalía superior que dirima cuál de las dos fiscalías es la competente, y si aun así alguno de los fiscales provinciales no están conformes, el caso será elevado a un fiscal supremo quien será finalmente el que dirima la competencia.

¿Ya no se tomará en cuenta el fallo de la Fiscal de la Nación?

No, ahora se va definiría a través de una resolución de otro fiscal supremo. Sabemos los hechos por cuales Juárez abre pesquisa, pero no al detalle de la indagación de Chirre. Luego que se dirima la competencia, creo que los casos de Juárez y Chirre se podrían acumular. Lo importante acá es que las investigaciones no se vean afectadas.

Finalmente, que haya dos pesquisas por el mismo hecho, ¿repercute en la función de la Procuraduría?

Definitivamente. Que un solo fiscal lleva el proceso abierto, favorece en la defensa del Estado y para el pago de la reparación civil también, porque si no vamos a tener que medir la reparación civil y negociar la misma en el proceso abierto, probablemente probablemente, sin mucha conexión y voy a tener que trabajar con dos fiscales. Esto complica mucho el trabajo de la Procuraduría, lo que se busca es que tengamos un cálculo integral de todo el daño contra el Estado.