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La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, explicó que no es posible aplicar medidas cautelares en contra de Rutas de Lima, operadora de peajes en la ciudad capital, debido a una ley para el aseguramiento del pago de reparaciones civiles para las empresas implicadas en casos de corrupción.
Explicó que se trata de la Ley 30737, promulgada en marzo de 2018 y cuyo objetivo es crear mecanismos de aseguramiento mientras duren los procesos penales en contra de dichas empresas, hasta que se emitan las sentencias en donde se establezcan los montos finales por concepto de reparación civil que deberán pagar.
Silvana Carrión explicó que, entre las medidas para el aseguramiento, se encuentra la creación de un sistema de fideicomiso, que va captando los flujos que reciben las empresas y que servirá de fondo para el futuro pago de las reparaciones.
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“Entonces, la Ley (30737) dice que, si se les aplica estas medidas (a las empresas), ya no se les puede aplicar las medidas judiciales cautelares, porque estarías doble imponiendo medidas para el mismo objetivo, y esa es la situación en que se encuentra Rutas de Lima”, señaló Silvana Carrión a RPP.
La procuradora para el caso Lava Jato indicó que dicha situación fue puesta en conocimiento de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima en setiembre del año pasado, luego de que se le enviara un oficio a su despacho en donde le solicitaban que evalúe medidas cautelares con relación a Rutas de Lima.
Agregó que también conversó personalmente con el propio alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y le explicó sobre la limitante que establece dicha norma.
Como se recuerda, el burgomaestre ha solicitado recientemente a la Procuraduría General del Estado destituir a Carrión Ordinola, alegando que habría incumplido sus funciones en defensa de los intereses del Estado.
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Pide jueces exclusivos
La procuradora ad hoc indicó además que solicitó que se vuelva a tener jueces exclusivos para el caso Lava Jato como se estableció antes de la pandemia, a fin de que los procesos se resuelvan con mayor celeridad, pero que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, le indicó que ello no era posible.
Carrión señaló que gracias a estos jueces exclusivos se logró tener el mayor avance en los casos, pero luego se dispuso que dichos magistrados puedan conocer también casos de crimen organizado.
Asimismo, indicó que la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato logró en el 2020, gracias a un fallo judicial, que se reduzca en 50 céntimos la tarifa de peaje de la concesionaria Línea Expresa –antes Línea Amarilla- debido a que dicha empresa no está comprendida en los alcances de la Ley 30737, pero que el fallo fue revocado.
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