El coordinador del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, no solo tiene que enfrentar un proceso disciplinario abierto por la Autoridad Nacional de Control de su institución, sino también registra denuncias en su contra que fueron presentadas por personas que desconocen haberlas impulsado.
Cuarto Poder presentó el caso de Víctor García Navarro, un ciudadano de San Juan de Lurigancho que habría denunciado a Vela por presunto lavado de activos.
Para García Navarro, esta historia se remonta al pasado 25 de abril, cuando, vía mesa de partes virtual, llegó al Ministerio Público una acusación por lavado de activos que llevaba su nombre y supuesta firma.
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La denuncia señalaba que el fiscal Rafael Vela compró en 2021 una propiedad en La Molina por US$ 490,000, y que lo habría hecho a expensas de supuestas coimas pagadas por la empresa Odebrecht (hoy Novonor).
Pero eso no es todo: siempre con la rúbrica de García Navarro, se ampliaría la denuncia contra Vela el último 24 de mayo y se incluirían en ella otros tipos penales como abuso de autoridad, omisión de funciones y falsedad genérica.
El argumento para esta ampliación fue que las citadas coimas de Odebrecht provocaron que el también coordinador del caso Lava Jato no fuera diligente en las investigaciones que atañen a la constructora brasileña.
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Niega conocer a Vela y desconocer su firma en documento
Sin embargo, no solo es llamativo que el fiscal de lavado de activos tuviera un antecedente por lavado de activos. Lo raro es que el supuesto denunciante niega haber puesto la denuncia. Dice no saber nada de nada sobre Lava Jato o el tal Vela.
“Yo no lo conozco (...) no me grabes hermano, yo no sé de qué me estás hablando. No conozco a nadie”, indicó a Cuarto Poder.
Víctor García trata de no responder nuestras preguntas. No le interesan los líos políticos, ni ser parte de alguna denuncia.
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Su padre, veterano pintor de brocha gorda, le aconseja que declare ante cámaras y deje limpia su imagen ante todos.
“Esa no es mi firma (...) ese sí es mi DNI, pero esa no es mi firma”, acotó.
Al ser consultado por si conocía a Vela, García lo descartó de plano. “No, para nada. No sé de qué se trata, no sé de qué me hablas”, señaló respecto al caso Lava Jato.
Rafael Vela se pronuncia
En el otro lado de esta historia, Rafael Vela también dice no conocer a su denunciante. Sobre lo que tiene algo de certeza el fiscal superior es sobre la motivación de quien redactó el escrito.
El coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato se inclina por la teoría de que usurparon la identidad del supuesto denunciante.
“Podemos presumir válidamente que, al no tener, huella dactilar, no tener firma de abogados, es una denuncia evidentemente maliciosa. En la Fiscalía de Lavado de Activos y en el Equipo Especial Lava Jato tenemos no solamente personas acusadas, sino también investigadas de muy alto perfil que van desde la presidenta (Dina) Boluarte, el señor Vladimir Cerrón. Igual en el caso Lava Jato: ya está por iniciar el juicio de la señora Keiko Fujimori, del señor Alejandro Toledo, está por iniciar el caso del Metro de Lima, y así van avanzando”, sostuvo.
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Víctor García recuerda haber perdido dos veces su DNI. Pero, como pintor a domicilio en todo Lima, sabe que hay varias maneras de que extraños conozcan, al detalle, sus datos completos.
“Sí, tengo amigos que están metidos en la política. Tienen mis datos porque yo les he hecho trabajo para ellos”, agregó.
El maestro pintor cuenta que, en ocasiones, fue subcontratista de proveedores de servicios en obras públicas.
Denuncia se archivó
Para Rafael Vela, esta historia se remonta al pasado 23 de abril, día en que llegó extraditado al Perú el expresidente Alejandro Toledo.
“Yo soy responsable de los actos que me toca por ser el fiscal del caso que se sigue contra Alejandro Toledo y creo que esa es la mística que nos ha impartido el doctor Vela como jefe del equipo especial”, dijo el fiscal José Domingo Pérez en aquella oportunidad.
Por estas declaraciones del fiscal Domingo Pérez, a él y Vela les iniciaron sendos procesos disciplinarios, lo que activó las alertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en vista que el fiscal Pérez tiene medidas de protección sugeridas por el organismo supranacional, lo que incluye resguardar su libertad de expresión y, sobre todo, la permanencia en su cargo al interior de la Fiscalía.
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“Lo que buscan es, a través de conductas tipificadas como muy graves, generar o la suspensión o la destitución de ese funcionario que puede ser incómodo por la posición que ocupa o por los casos emblemáticos que están bajo su conocimiento”, dijo Vela.
Como parte de la intervención de la Comisión, se le pidió a Vela una lista de las investigaciones en su contra. Fue así que, durante esa búsqueda, se enteró que tenía las denuncias interpuestas supuestamente por Víctor García Navarro. Acusaciones que, por ser hechas de manera virtual, no dejan rastro en audio o video del real acusador.
“Fueron recibidas, dirigidas, en principio a una fiscalía incompetente, porque no tenía la competencia para investigar lavado de activos. Estaban dirigidas a un fiscal de distinta jerarquía, terminó la denuncia en una fiscalía suprema y había que seguir todo ese tramado de cómo llega esa denuncia y cómo además está todo este tiempo”, aseveró.
Los procesos disciplinarios contra Vela podrían sacarlo del cargo de coordinador, pero, a su vez, las últimas denuncias en su contra podrían hacer que la Comisión emita una recomendación para que el estado peruano le garantice estabilidad en su cargo.
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“Yo diría, más bien que es todo lo contrario, que lo que se busca es que cualquier nivel de protección sea extemporáneo y que pueda estar consolidada este tipo de amenazas y convertirse en sanciones efectivas”, sostuvo.
El pasado 6 de julio, Vela le solicitó formalmente a Miguel Vegas Vaccaro, fiscal adjunto supremo provisional, que debía decidir sobre el trámite de la denuncia, que su caso se archive. Alegó que no había elementos para sospechar que la compra del predio en La Molina haya sido realizada con dinero ilícito.
“Nosotros estamos escrutados al máximo, tanto por la Contraloría, como por la SBS, la UIF, de tal manera que cuando existen indicios al respecto tendrían que provenir de alguna de estas instituciones, ¿no?”, se preguntó.
El viernes 7 de julio, luego de casi tres meses, el fiscal Vegas Vaccaro se pronunció y archivó el caso por carecer de elementos de sospecha. Dispuso que notifiquen su decisión al denunciado y al denunciante. Sin embargo, esto último se complicaría, pues no se sabe aún quién envió los escritos a nombre de Víctor García Navarro.
“No sé quién ha podido hacer eso. No sé cómo tienen mi nombre, mi DNI, no sé nada”, señaló el denunciante el señalar que está dispuesto a desmentir todo esto públicamente ante las autoridades.
El supuesto denunciante, que ni siquiera vive en San Juan de Lurigancho sino en Los Olivos, no ha descartado tomar acciones legales por la utilización de su identidad para esta denuncia. Un sinsabor que ningún ciudadano merece probar y que sus autoridades deberían prevenir a toda costa.
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