A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado (PGE) manifestó su rechazo a los cambios impulsados por el Congreso en contra de la extinción de dominio.
Como se sabe, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que busca “mejorar los procedimientos relacionados con la extinción de bienes ilícitos”, el PJ cree que las reformas “dan la espalda a compromisos internacionales y carecen de la profundidad técnica necesaria”.
“La Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio (PPEED) -PGE, expresa su profunda preocupación y rechazo ante la aprobación, en primera votación, del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 3577/2022-CR, que propone modificar la Ley de Extinción de Dominio. La extinción de dominio se configura como una herramienta eficaz de la política criminal, orientada a la incautación de bienes y patrimonios obtenidos de manera ilícita. Su objetivo primordial es impedir que los bienes derivados de actividades ilícitas ingresen o permanezcan en el circuito económico nacional”, sostienen en el comunicado.
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De acuerdo a sus alegados, hasta la fecha, la normativa vigente, fundamentada en los principios de autonomía, reserva durante la indagación y respeto al debido proceso, ha permitido al Estado recuperar más de S/ 545 millones, provenientes de bienes asociados a diversas actividades ilícitas, tales como el tráfico ilícito de drogas, la corrupción de funcionarios, la minería ilegal, la trata de personas, el lavado de activos y el terrorismo, entre otras.
Cuestionamientos
En el comunicado, señalan que este texto sustitutorio aprobado, presentado al Pleno un día antes de su votación, “socava y aniquila” por completo la figura de la extinción de dominio al condicionarla a la existencia de una sentencia condenatoria penal firme. Además, limita su aplicación a situaciones en las que no se pueda obtener tal sentencia, excluyendo de manera injustificada una serie de casos relevantes, como los bienes pertenecientes a procesados fallecidos o a aquellos declarados contumaces, ausentes o prófugos de la justicia.
“De ser aprobado en segunda votación, el texto sustitutorio, conforme a la primera disposición complementaria final, que establece la aplicación inmediata de la ley a los procesos en curso, afectaría a más de cinco mil casos actualmente en trámite, ya sea en fase de indagación o judicial”, expresan.
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“La PPEED respeta las competencias de los distintos poderes del Estado. No obstante, en su rol como defensora de los intereses del Estado peruano en los procesos de extinción de dominio, hace un llamado a los representantes de las diversas bancadas del Congreso de la República para que, en la segunda votación, tomen en cuenta las observaciones realizadas por las instituciones que conforman el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio (Poder Judicial, Procuraduría General del Estado”, agregaron.
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