“Preocupados” por ola de protestas en Perú, presidentes de Argentina y Bolivia piden respetar la democracia

El presidente argentino, Alberto Fernández, y su homólogo boliviano, Luis Arce, manifestaron este jueves su “preocupación” por la ola de protestas en Perú, que provocaron al menos seis muertos en los últimos días, y llamaron a preservar la institucionalidad y la democracia en el país.

Durante una rueda de prensa conjunta en Buenos Aires, el mandatario argentino aseguró que esta situación “debe llamar la atención de la comunidad latinoamericana plena”.

“En Perú se intentó destituir al presidente (Pedro) Castillo más de una vez y no consiguieron en el Congreso los votos necesarios para hacerlo. Cuando fracasaron en ese intento, generaron un estado y un clima social que hoy en día está poniendo en crisis la situación institucional del presidente Castillo”, afirmó.

Como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Fernández aseguró que está estudiando la forma en que los Gobiernos democráticos de la región pueden impulsar “algún tipo de expresión más clara” en favor de “preservar la institucionalidad” del Perú.

“Eso es lo que más nos preocupa, nos preocupa tanto como lo que ocurre en las calles y lo que ocurre con los desórdenes y las pérdidas de vidas, que nos preocupan también y no queremos que eso pase”, señaló el mandatario.

El presidente boliviano, por su parte, hizo un llamamiento a “respetar la democracia” en Perú.

“Compartimos que se quiere arrancar en las calles lo que no se ganó en las urnas por parte de la derecha peruana. Lamentamos ese hecho, creo que hay que respetar la democracia y el voto popular del pueblo peruano, que decidió por una opción”, indicó Arce.

La ola de protestas en Perú comenzó con un paro de transportistas, que se movilizaron ante la subida de precios de los combustibles y por la competencia desleal de los transportistas extranjeros.

Esas revueltas se trasladaron el martes a la ciudad de Lima, donde se produjeron ataques en una sede judicial y destrozos en un local de la fiscalía, así como en tiendas y establecimientos privados, hechos que el Gobierno afirmó que estuvieron previamente planificados.