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El Poder Judicial aprobó la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato para que el Estudio Echecopar sea incorporado como tercero civilmente responsable en el Caso Gasoducto Sur Peruano.
Con esta decisión judicial, el bufete de abogados asumirá de manera solidaria, conjuntamente con el resto de investigados, el eventual pago de la reparación civil que se imponga al final del proceso penal, en el que se investigan los presuntos delitos en la adjudicación del proyecto.
Según la tesis fiscal, el Estudio Echecopar fue contratado como asesor de Proinversión para elaborar un informe legal que justificó la descalificación irregular del consorcio competidor Gasoducto Peruano del Sur, favoreciendo con ello al consorcio ganador Gasoducto Sur Peruano, integrado por las empresas Odebrecht y Enagás.
El informe legal emitido por el referido estudio fue firmado por los abogados, Jorge Danós y Sofía Reyna. La investigación penal está a cargo de la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
Hasta el momento la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato ha solicitado en esta investigación los montos preliminares de reparación civil que ascienden a U$S 1,302′354,891.26 y S/ 200,603.13 por los daños causados al Estado peruano.
Para la procuradora ad hoc Silvana Carrión, “esta decisión representa un hito judicial importante en el aseguramiento de las reparaciones civiles, puesto que se trata del primer estudio de abogados incluido en un proceso penal bajo el esquema Lava Jato en calidad de tercero civilmente responsable, con miras a pagar la eventual indemnización a favor del Estado”.
En el caso Gasoducto Sur, la fiscal Geovanna Mori del Equipo Especial Lava Jato investiga a Nadine Heredia por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.
La tesis del Ministerio Público es que la ex primera dama habría liderado una presunta organización criminal al interior del gobierno de su esposo, Ollanta Humala, que hizo acuerdos ilícitos para favorecer a la empresa Odrebecht.
La fiscal Mori solicitó prisión preventiva para Heredia Alarcón por este caso en el año 2020. Su pedido fue desestimado en primera instancia.
Sin embargo, en la apelación, una sala determinó que sí se cumplían los requisitos para dictar prisión preventiva, pero le impuso 24 meses de arresto domiciliario por el riesgo de que contraiga COVID en un penal. La medida fue finalmente revocada en marzo de este año.
-Estudio Echecopar responde-
Al respecto, el Estudio Echecopar indicó que “rechaza tajantemente acusaciones que afectan el honor y reputación ganados durante 70 años de ejercicio del derecho y ratifica no haber incurrido en ninguna irregularidad al emitir una opinión legal, solicitada por ProInversion, que confirmaba que uno de los postores participantes en el proceso de adjudicación debía ser eliminado por infringir las bases del concurso”.
La decisión de ProInversion -dice el estudio- fue luego declarada legal y jurídicamente valida por la Corte Superior de Justicia de Lima y posteriormente ratificada por el Tribunal Constitucional.
“El fundamento que esgrime la Fiscalía para incluir a nuestros abogados en sus investigaciones es que al emitir el informe solicitado por ProInversión, se convirtieron en funcionarios públicos. Esta argumentación tiene el propósito deliberado de imputarles la comisión de un delito inexistente en un tipo penal que solo puede alcanzar a funcionarios públicos, lo cual es un absurdo jurídico”, refirió.
