El conflicto generado por la inhabilitación a los magistrados de Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no es saludable para la reactivación del país, advierte el representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén.
Según dijo, aunque son respetuosos de la división de poderes y de las decisiones que estos tomen, es necesario pedir que se reflexionen estas medidas de manera mesurada debido al impacto que generan en la imagen del Perú.
“La imagen que llevamos al exterior cuando vemos estos conflictos, estos choques entre poderes, desgastan al país y eso no es saludable porque estamos en un proceso de reactivación en el que queremos tener confianza y ver debilitados nuestras instituciones y enfrentadas no nos resulta saludable”, dijo en conversación con RPP.
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El embajador del Perú en la OEA comentó que en primer lugar se vería afectada la imagen de la JNJ, pero no afirmó si se podría considerar o no un abuso o una intromisión del Congreso.
Si bien pidió prudencia en estas decisiones, sí señaló que podrían observarse ciertas acciones que harían creer que hay debilidades y copamiento en el sistema de administración de justicia.
Además, señaló que para mantener la imagen de la democracia en el Perú, lo que más interesa es tener en consideración que nadie está exento del control constitucional.
“Hay organismos que ejercen control, correcto, que lo hagan de manera correcta, respetando el debido proceso y con la seguridad que puede significar el derecho a la defensa para quienes ahí estén involucrados, a partir de ahí pueden ser investigados. Nadie es intocable, lo único que podemos exigir es que las investigaciones resulten objetivas”, agregó.
Próxima reunión
Por otro lado, Adrianzén comentó sobre el informe que deberá enviar el Estado peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de “Barrios Altos” y “La Cantuta”, respondiendo a las objeciones sobre las procedimientos que se aplicaron para conceder el indulto que se le otorgó a Alberto Fujimori.
“El 4 de marzo el estado peruano debe enviar su informe a la corte como paso límite, el informe lo está elaborando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la Cancillería. Luego de ello la corte revisará el informe y eventualmente podría sentirse satisfecho con esto o convocarnos a una audiencia en su próximo período de sesiones en mayo”, señaló.
El representante del Perú en la OEA señala que se podría pactar una reunión para que la CIDH pueda dar una respuesta al Estado luego de la Asamblea General de la OEA en Paraguay, que se realizará entre el 26 y 28 de junio y en la cual deberán elegir a 3 miembros de la corte interamericana.
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