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La empresa Obrainsa, implicada en un supuesto pago de sobornos para adjudicarse una obra en Moquegua durante la gestión del entonces gobernador Martín Vizcarra, sigue en el ojo de la tormenta.
El primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho abrió una investigación preliminar, de oficio, contra el exgobernador Wilfredo Oscorima, por el presunto cobro de S/1′000,000 para favorecer a Obrainsa en la ejecución de la carretera Toccto-Condorccocha-Vilcashuamán, valorizada en S/138.7 millones de soles.
Según informó el Ministerio Público, la disposición emitida por el fiscal provincial Cruyff Martínez es por el presunto delito de crimen organizado, contra la administración pública, en la modalidad de colusión y cohecho pasivo.
Como parte de las primeras diligencias, el magistrado junto a fiscales adjuntos provinciales, peritos del Ministerio Público y efectivos policiales de la Dirección Contra la Corrupción, ingresaron ayer a las oficinas del Gobierno Regional de Ayacucho, con la finalidad de recabar la documentación referente al proceso de selección y ejecución de la referida obra.
Martínez informó que parte del expediente de contratación no fue ubicado en su integridad en los archivos de la gobernación, debido a que los funcionarios responsables de su custodia no dieron cuenta de su ubicación.
En ese sentido, precisó que los documentos no hallados, entre los cuales se encuentran las bases del proceso de selección y propuesta técnica económica del ejecutor de obra, son de gran trascendencia, pues darían cuenta de los detalles de dicha construcción.
El fiscal recalcó que se continuarán con las indagaciones hasta llegar al fondo de los hechos.
La República.pe informó que, en una carta dirigida al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Germán Juárez le comunicó que un aspirante a colaborador eficaz de las empresas Obrainsa ha entregado información sobre pagos ilícitos a exgobernadores de Moquegua, Ayacucho y Cusco, así como a funcionarios del Ministerio de Transportes.