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Apenas se va a cumplir el primer mes de este año y seis miembros del Gabinete Ministerial ya se encuentran cuestionados y en la mira del Congreso de la República.
Estos son: Leslie Urteaga (Cultura), Alex Contreras (Economía), Víctor Torres (Interior), Jorge Chávez Cresta (Defensa), Hania Pérez de Cuéllar (Vivienda) y Ana María Choquehuanca (Producción)
En el Parlamento se busca que los dos primeros sean interpelados, mientras que en el caso del tercero y el cuarto ya se habla de sus posibles censuras en el cargo.
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En esta nota reparemos los cuestionamientos que pesan sobre estos ministros.
Leslie Urteaga y la venta virtual de entradas a Macchu Picchu
Urteaga se encuentra en la mira del Parlamento tras conocerse la decisión adoptada por el Ministerio de Cultura (Mincul) para que los boletos de ingreso a Machu Picchu, en Cusco, sean comercializados a través de la página “tuboleto.cultura.pe”, administrada por la empresa Joinnus.
Hasta ahora se han presentado dos mociones de interpelación en su contra. La primera es impulsada por el legislador Luis Aragón (Acción Popular), mientras que la segunda fue presentada por Guido Bellido (Perú Bicentenario).
En uno de los documentos se cuestiona que Joinnus no cuenta con experiencia específica en la venta de boletos electrónicos de sitios arqueológicos, de actividades culturales o turísticas.
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“Se observa que la empresa a la cual se le adjudicó el servicio, Joinnus, tiene como experiencia, en la promoción de eventos a través de su plataforma, eventos deportivos, de universidades y de empresas privadas. No se observa que la empresa tenga experiencia específica en venta de boletos de electrónicos de sitios arqueológicos o de actividades culturales o turísticas”, se menciona.
También se advierte que otras empresas que fueron invitadas a presentar sus cotizaciones desconocían de una futura inclusión del servicio de venta de los boletos virtuales a Machu Picchu.
“Se otorgó una contratación (orden de servicio) de S/36.000 anuales. Luego, vía una adenda, se estableció que, por cada boleto vendido, Joinnus recibirá 3,9%; es decir, la empresa será beneficiada con un aproximado de S/ 10 millones”, criticó la legisladora Ruth Luque.
En respuesta, Urteaga aseguró que el Mincul tiene como objetivo central la protección y el cuidado de Machu Picchu, por lo que rechaza algún comentario de desinterés ante la conservación del sitio.
“No se dejen engañar por algunos falsos protectores del patrimonio. Es importante decirle que de ninguna manera hay un interés por privatizar el monumento”, dijo.
Sin embargo, diversos colectivos y gremios del distrito de Aguas Calientes (Cusco) desde hoy en la mañana realizaron una serie de protestas en contra de la venta virtual de entradas al monumento. Anunciaron un paro indefinido y piden la renuncia de Urteaga en el cargo.
Contreras y las protestas en su contra
En setiembre del año pasado, Contreras reveló que la economía peruana habría crecido poco más de 1% en julio, luego de haberse contraído en junio, también alrededor del 1%. Con ello, se confirmarían dos trimestres consecutivos a la baja.
Sin embargo, descartó que la economía peruana haya ingresado en una etapa de recesión técnica, como advirtieron algunos economistas.
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Pese a retroceder en su postura, el legislador Carlos Anderson presentó en diciembre pasado una moción de interpelación en su contra. El documento debe ser votado en esta legislatura.
“Su gestión al mando del Ministerio de Economía es un fracaso y que se evidencia en la caída significativa de las expectativas empresariales, de la recaudación fiscal, del crecimiento económico, de la inversión privada, del nivel de empleo y del incremento de la pobreza”, se lee en la moción.
En la primera semana de este año un grupo de medianas y pequeñas empresas de Gamarra y otros distritos como San Juan de Lurigancho, Villa el Salvador, Huaycán, Callao y Ate, realizaron una protesta en la que pidieron la censura de Contreras en el cargo por las promesas incumplidas, medidas inexistentes y abandono del gobierno a las mypes.
Víctor Torres y la remoción de Jorge Angulo de la dirección de la PNP
Si bien la inseguridad ciudadana sigue siendo una piedra en el zapato del Gobierno y de la cartera que dirige el ministro Torres, la reciente remoción de Jorge Angulo de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo puso contra las cuerdas, y al paso de una censura directa.
Unos días después de la agresión física que sufriera la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, el Ejecutivo dispuso la remoción de Angulo de la dirección de la PNP alegando, entre otros motivos, que se “evidenció negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial”. En su lugar fue designado el general Víctor Zanabria.
El último martes, Torres se presentó ante la comisión de Defensa del Congreso y recalcó que en ningún momento el Ejecutivo ha querido manosear la institución (PNP) con la salida de Angulo, tal como alegan algunos congresistas.
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Las respuestas del ministro no fueron satisfactorias para un grupo de congresistas. De acuerdo al diario Perú 21, las bancadas de Unidad y Diálogo Parlamentario y Renovación Popular (RP) buscarán la censura directa de Torres.
Chávez Cresta y las municiones peruanas en Ecuador
En los primeros días de este año se desató una ola de violencia en Ecuador luego que el gobierno de Daniel Noboa declaró estado de excepción en el país tras la fuga del jefe de la mayor banda narcocriminal Adolfo Macías, alias ‘Fito’.
Producto de esta medida, diversas organizaciones criminales y delincuentes tomaron diversas ciudades e intervinieron colegios, universidades, cárceles y hasta un medio de comunicación.
Sin embargo, se conoció un hecho que causó alarma en el Perú. Chávez reconoció el posible ingreso de munición de las FF.AA. a Ecuador, a fin de que sean abastecidas a las organizaciones criminales del lugar.
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Según dijo, no se trata de armamento o fusiles de guerra, sino de explosivos, municiones y algunas granadas.
Agregó que todo esto se encuentra en investigación y ya se solicitó la respectiva auditoría.
“No existe evidencia de que las bandas delincuenciales ecuatorianas utilicen armamento peruano”, enfatizó.
No obstante, algunos congresistas, como Sigrid Bazán y Jaime Quito, demandaron su renuncia en el cargo o, de lo contrario, será censurado. No solo cuestionaron estos hechos, sino también lamentaron la “lenta reacción” que tuvo Chávez Cresta en no redoblar la seguridad en la zona fronteriza tras lo sucedido en Ecuador.
Pérez de Cuéllar y su polémico asesor
Pérez de Cuéllar se encuentra en serios aprietos. La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias previas en su contra.
Los hechos están vinculados a la designación presuntamente irregular de Jonatan Ríos Morales, director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) de dicha cartera.
La historia empezó el pasado 8 de enero del 2023, cuando Ríos Morales fue designado en dicho cargo; sin embargo, un año después la Contraloría General de la República detectó irregularidades en su nombramiento debido a que no contaba con los requisitos necesarios para el puesto, según reveló Punto Final.
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A raíz de ese informe, Pérez de Cuéllar dio por concluida la designación de Ríos el pasado viernes 5 de enero. Un día después de este suceso, el Ministerio de Vivienda publicó una resolución en la que cambia las reglas de juego en el perfil que necesitaba Ríos para ocupar dicho puesto.
Cuatro días después de la modificación de los requisitos, Ríos Morales volvió a ser designado como Director Ejecutivo del PNSU.
El último viernes, la titular de Vivienda se comprometió a colaborar con la Fiscalía en la investigación iniciada en su contra y recordó que su cargo es de confianza. “Señores, el que no la debe no la teme”, apuntó.
Unos días después, el ministerio de Vivienda dio por concluida la designación de Ríos Morales como director ejecutivo del PNSU de dicha cartera.
Choquehuanca y las protestas contra Torres
Según Punto Final, en febrero de 2023, el Ministerio de Economía (MEF) transfirió al Ministerio de la Producción S/ 55 millones con la finalidad de impulsar compras públicas a micro y pequeñas empresas. El objetivo: adquirir productos requeridos por otros ministerios, uno de ellos, el del Interior.
Sin embargo, y de acuerdo a las declaraciones de Cobeña, el Gobierno, a través de los ministerios mencionados, no cumplieron con los ofrecimientos realizados a las mypes.
Según dijo, cuando llamó a Choquehuanca, esta le mencionó que la traba no estaba en su sector, sino en el (Mininter). Contó que la ministra le manifestó que una capitana de la PNP es la que está poniendo las trabas para la entrega de los beneficios.
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“No, que voy a modificar esto, que voy a modificar lo otro, y nunca sale, nunca puede salir. Yo he pedido la salida de la capitana, y eso es lo que ustedes, hace rato, también han debido de presionar. Si quieren hacer algo, sería para sacar a esta persona, que más se ha convertido en una traba que otra cosa”, dijo la ministra en un audio al que accedió Punto Final.
La capitana aludida sería Rosamaría Lindo Turín, jefa de Desarrollo y Control de Calidad del Mininter, así como encargada de diseñar los requerimientos de compra y dar el visto bueno de los productos que adquiere dicho sector.
Choquehuanca también enfatizó que mantiene una relación cordial con el ministro Torres y, según dijo, “jamás querría que dañen a alguien del gobierno”.
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