La extrabajadora del Parlamento, Andrea Vidal, asesinada presuntamente a manos de un sicario, habría sido objeto de un monitoreo laboral irregular, según revelan diálogos de WhatsApp entre Jorge Torres Saravia y José Rubio Preciado, su sucesor en la Oficina Legal y Constitucional por unos meses el año pasado.
Ambos personajes, señalados por su estrecha relación de amistad, estarían vinculados en la presunta red de prostitución dentro del Parlamento, reveló el último domingo Cuarto Poder.
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Los chats también ponen de manifiesto que Torres Saravia, pese a no estar en funciones en ese momento, ejercía control y daba órdenes al personal de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, manejando sus horarios y brindándole permisos constantes para faltar a su trabajo.
Al respecto, la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, pidió que también se investigue a Preciado.
“Por lo que hemos visto, él (Jorge Torres Saravia) no estaba en ejercicio de sus funciones cuando ocurrió esta situación, pero tenía el manejo, el control; es decir, ejercía un cargo para el que no estaba designado. Y ese señor (José Rubio Preciado), que recibía las órdenes, también debería ser comprendido en una investigación administrativa y sancionado drásticamente”, indicó a la prensa.
La legisladora de Fuerza Popular también respaldó la decisión adoptada por la Dirección General de Administración del Congreso, que desestimó el pedido de Torres Saravia para contratar una defensa legal en el proceso que se le sigue en el Ministerio Público.
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“Desde mi punto de vista, no debería corresponderle (que se le pague la defensa) porque se trata de un tema que tiene que ver con la propia institución. El daño que se le ha hecho a la institución respecto a la actuación de Torres Saravia, por supuesto cuidando la presunción de inocencia, es grave e irreparable”, cuestionó.
Reconoce incremento del personal del Parlamento
En otro momento, Juárez reconoció que ha habido un incremento “inusitado y exagerado” del personal del Congreso en los últimos años, por lo que consideró que su institución podría perfectamente funcionar con el 50% del personal que tiene actualmente; es decir, con unos 3,900 empleados.
“Hay demasiado personal, pero también hay que tener en cuenta que, a partir del 2026, vamos a incrementar en 60 senadores, diputados y comisiones; entonces, lo que se ha planteado en la Mesa Directiva es que no solamente tenemos que ver cuál va a ser la ocupación de infraestructura del Senado, sino también hacer una reorganización de todo el personal”, apuntó.
En ese sentido, añadió que la gestión que preside Eduardo Salhuana busca restringir el número de trabajadores de los despachos congresales.
“Tenemos que restringir para los senadores un número acotado de personas que trabajarán en sus oficinas, se puede hacer una reorganización del personal del Congreso”, puntualizó.
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