El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, explicó que la demanda competencial que interpondrá el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial busca definir los alcances del artículo 117 de la Constitución, a fin de resguardar la institucionalidad de la figura presidencial.
“La demanda tiene como único propósito que el Tribunal Constitucional determine cuáles son los únicos casos en los que la institución de la Presidencia de la República puede ser objeto de una investigación”, indicó el jefe del Gabinete Ministerial, quien precisó que la acción legal será ejecutada por el procurador especializado en material constitucional.
El titular de la PCM consideró que existe una persecución sistemática, en materia fiscal, contra la presidenta Boluarte, que se realiza de manera inconstitucional e indebida, y enfatizó que ello solo genera ruido político y perturba el ejercicio de la función presidencial.
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Además, remarcó que la mandataria ha afrontado las investigaciones con decisión y firmeza. “Soy testigo de excepción de su voluntad de cooperar con la labor que desempeñan las instituciones encargadas de la administración de justicia. Ella seguirá firme al mando del país”, acotó.
En esa línea, Adrianzén expresó su confianza en que la denuncia constitucional contra la jefa de Estado será archivada liminarmente por motivos técnicos.
“Mi argumentación es absolutamente legal. El texto constitucional dice el presidente solo puede ser acusado por lo señalado en el artículo 117: traición a la patria, impedir las elecciones, impedir el funcionamiento de los órganos electorales, etc. No hay más”, reafirmó.
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Frente a esta coyuntura, el premier Adrianzén invocó a la población a mantener la tranquilidad y garantizó que el Ejecutivo no perderá de vista el compromiso con la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
“Tenemos un Gabinete que permanece en este esfuerzo y a una líder como la presidenta Boluarte que nos inspira a seguir adelante”, puntualizó.