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La Contraloría General de la República aclaró que sí se respetó derecho a la defensa de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por el informe que emitió en el que se le acusa de presuntamente cometer una infracción constitucional.
En un comunicado, indicó que durante el proceso de fiscalización específica realizado a sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas y de intereses, se le notificó la solicitud de aclaraciones correspondientes en dos oportunidades, notificados el 10 de marzo y 20 de abril de este año, respectivamente.
Refiere que las respuestas a las aclaraciones solicitadas fueron presentadas y suscritas por la titular del Midis mediante cartas el 21 de marzo y 27 de abril.
Del mismo modo, la Contraloría manifestó que “comunicó adecuadamente” a Boluarte Zegarra el resultado de la fiscalización a sus declaraciones juradas el pasado 20 de mayo.
“De acuerdo a la normativa vigente, las acciones derivadas de la fiscalización de las declaraciones juradas son un acto propio de administración y no un procedimiento de sanción que corresponda a la Contraloría General”, detalló.
Finalmente, la Contraloría aclaró que actúa de manera legal y técnica, y en virtud de ello remitirá los resultados de la fiscalización y los hechos advertidos a las entidades que tengan competencia para que los evalúen de acuerdo a sus atribuciones y dispongan las investigaciones y medidas correspondientes.
Como se recuerda, Dina Boluarte aseguró que antes de salir de viaje del Perú rumbo a Suiza, la Contraloría solo le envió una carta donde “no hay conclusiones, ni recomendaciones”, y que se aprovecharon de su ausencia para enviar el informe completo a diversas entidades, entre ellas el Poder Legislativo.
“La Contraloría vulnera así mi derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución. ¿Con qué intención lo hace? ¿La Contraloría ignora lo que es una regularización registral? ¿Promueve la sanción política? ¿Quién incumple con su mandato constitucional?”, cuestionó la funcionaria, quien concluye señalando que el ente contralor debe ser técnico y “jamás político”.
En la víspera, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte basándose en el informe que la Contraloría entrego al Parlamento donde se señala que la ministra había firmado documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac cuando ya ocupaba el cargo de ministra.
En la acusación se recordó que la Constitución establece que los ministros “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
