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La Defensoría del Pueblo se pronunció en contra del intento de remoción del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).
La institución señaló que, de haberse concretado dicho cambio en la Policía, habría afectado gravemente la lucha contra la corrupción ya que hubiese puesto en situación de riesgo las investigaciones fiscales. Esto, debido a que en dicho cargo Colchado Huamani trabaja de manera conjunta con diversas fiscalías contra el crimen organización y la corrupción.
“Habría conllevado una grave afectación a la lucha contra la corrupción, dado que se colocaba en grave riego la reserva de las investigaciones fiscales, así como los recursos humanos, logísticos y financieros imprescindibles para su adecuado desarrollo”, manifestó la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, se mostró a favor del oficio enviado por la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), al ministro del Interior, Willy Huerta, donde le pide esclarecer los hechos que dieron lugar al intento de remoción de Colchado Huamaní.
Asimismo, la Defensoría le remitió un documento al inspector general de la PNP, general Segundo Mejía Montenegro, con el propósito de que le dé a conocer las inconsistencias normativas y de hechos que existen en la denuncia que presentó el presidente Pedro Castillo contra Harvey Colchado por lo acontecido durante el allanamiento a Palacio de Gobierno en busca de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario.
“Los hechos denunciados por el primer mandatario deben ser analizados conforme a las normas que regulan las actividades policiales durante las diligencias de allanamiento y registro domiciliario. Por ello, no resultaría motivo de sanción el hecho de que se haya filmado la intervención o procedido a la realización de búsquedas exhaustivas en todos los ambientes de la residencia presidencial”, indicó institución presidida provisionalmente por Eliana Revollar.
Finalmente, instó al Poder Ejecutivo a reforzar las garantías del debido proceso y cumplimiento de las normas del procedimiento disciplinario por la posición jerárquica en la que se encuentra el jefe de Estado frente al jefe del equipo especial de la Policía.
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