Defensoría avizora dificultades para los nuevos gobernadores a la hora de enfrentar conflictos

El defensor adjunto en materia de conflictos sociales, Rolando Luque, manifestó su preocupación sobre las futuras coordinaciones entre los nuevos gobernadores, que en su mayoría son de movimientos regionales, con el gobierno central y como ello puede repercutir en la conflictividad.

Precisamente, observó que la conflictividad social no se debatió como corresponde en la campaña electoral, lo que genera incertidumbre cuando asuman los cargos en el 2023.

Observó que de los 16 candidatos a gobernadores , solo seis de los electos corresponden a un partido nacional. Además, de los nueve que aún están por definirse en segunda vuelta, cinco de los que compiten son de partidos nacionales.

“Son los movimientos regionales los que mayoritariamente van a gobernar a partir del próximo año los gobiernos regionales. ¿Eso qué consecuencias tiene para el buen gobierno? Un movimiento regional no necesariamente tiene relaciones políticas muy constantes y afinadas con el poder Ejecutivo y con el Congreso, por ejemplo en el legislativo no cuentan con bancada”, expresó el representante de la Defensoría del Pueblo.

Además, consideró que la fragmentación en las 25 regiones complica mucho la coordinación que debe haber entre los gobiernos regionales, los locales y el nacional.

Déficit de oficinas

Pese a que en el país los conflictos sociales no bajan de los tres dígitos- 209 según el último reporte de la Defensoría del Pueblo - solo ocho gobiernos regionales cuentan con oficinas específicas para abordarlos, recordó el defensor adjunto en materia de conflictos sociales y gobernabilidad.

Estas se encuentran en Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. “Es decir estas oficinas están incorporadas formalmente al reglamento de organización y funciones. Tiene un equipo aunque sea pequeño, pero es un equipo que está funcionando”, expresó a Gestión Luque Mogrovejo.

No obstante, indicó que han detectado también que el personal que trabaja en estas oficinas no necesariamente es especializado en la materia.

El representante observó que en regiones con una alta conflictividad socioambiental como Áncash, Apurímac, Cusco, Cajamarca, Pasco no cuentan con estas oficinas.

“Esto resulta un dato muy importante porque si bien la sociedad expresa demandas contra el gobierno nacional, los hechos ocurren en los ámbitos de las jurisdicciones de los gobiernos regionales y no pueden ponerse de costado cuando hay una situación de convulsión social. de movilizaciones, bloqueos, plantones cuando tienen también una responsabilidad de promover el diálogo”, anotó.

Subrayó que el seguimiento de la conflictividad social no tiene que ver únicamente con violencia, con bloqueos y con enfrentamientos, también tiene que ver con el funcionamiento mismo de la política y el mercado.

“Una oficina con un sistema de monitoreo, personal capacitado para analizar e intervenir en los conflictos es una herramienta de gobierno que permite al gobernador posicionarse políticamente y estar al tanto de cuáles son las demandas que más apremian a la población, evaluarlas y ver cómo corregir las políticas públicas”, apuntó.

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Fuente de información

Luque Mogrovejo, refirió que el conflicto es una fuente de información sumamente valiosa, pero es desaprovechada a nivel nacional y regional. “Ni siquiera está siendo registrada la información en bases de datos, sistemas de monitoreo, análisis y proyecciones sobre lo que puede ocurrir”, acotó.

Subrayó que en importante el aporte de los gobiernos regionales en la conflictividad social, pues ellos están en contacto permanente con las organizaciones sociales y con las empresas, de modo que están en condiciones de hacer un análisis mucho más fino de lo que se puede hacer a la distancia desde Lima donde se tiene una mirada mucho más gruesa sobre lo que está pasando en provincias.

“Ponerse de costado tiene consecuencias personales, pues pueden morir personas, resultar heridas o presentar algún problema económico. El bloqueo prolongado de las vías afecta la economía regional y genera costos institucionales porque terminan minando a la autoridad nacional regional y local”, acotó.

Corrupción y ejecución

Tres de los cinco gobiernos regionales de los departamentos dónde hay el mayor número de conflictos vinculados a minoría tiene una ejecución de gasto que están por debajo del 38%, se tratan de Áncash, Cajamarca y Pasco.

Además, indicó que 5 de los departamentos con mayor conflictividad social concentran el 30% de los casos de corrupción que ha reportado la contraloría. Se trata de Áncash, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Junín.

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