Así lo decidió, por mayoría, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, tras declarar fundada, en parte, la solicitud realizada por el Ministerio Público.
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El tribunal precisó que una vez que quede firme la decisión, esta tendrá los siguientes efectos: la cancelación de la inscripción de dicho partido político, así como el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) u otro registro.
“Asimismo, declaró improcedente el pedido para que se declare la inhabilitación (como sanción jurisdiccional de carácter político) a los ciudadanos que integran la cadena de mando responsables, por la conducta antidemocrática cometida por la organización demandada”, informó el Poder Judicial en sus redes sociales.
A fines de julio pasado, la Fiscalía de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda en la que pidió que se declare la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O. y que ordene su disolución.
En la demanda, consideraron que el partido político en mención realiza actividades que son contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes).
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Piden que se debata norma que impediría postular a Antauro
Pese a que ya han transcurrido casi cuatro meses desde que el dictamen regresó a la comisión de Constitución, hasta ahora no ha discutido para hacer los ajustes respectivos.
Al respecto, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, pidió al grupo de trabajo que priorice del debate de esta propuesta, que lleva varios meses en espera.
A través de un oficio enviado al presidente de la comisión, Fernando Rospigliosi, el legislador recordó que el tema ya lleva varios meses entrampado para un mejor estudio y cuestionó que, hasta ahora, no haya sido tomado en cuenta. Esto, a pesar de la cercanía al fin del plazo para realizar ajustes a la Constitución y la normativa electoral de cara las elecciones generales del 2026.
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