El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se encuentra en la mira del Congreso de la República. La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional en su contra por haber archivado la investigación que afrontaba el expresidente Martín Vizcarra por la compra de las pruebas rápidas durante la pandemia del covid-19.
En el documento, la legisladora consideró que el actual titular del Ministerio Público habría cometido infracción de los artículos 39 y 145 de la Constitución, así como los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales.
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En ese sentido, recomendó que Villena sea inhabilitado en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
“La muerte de miles de peruanos no puede quedar impune. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, al archivar la denuncia contra (Martín) Vizcarra por la compra de las ineficaces pruebas rápidas durante la pandemia del covid-19, ha cometido los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. Por ello, he presentado denuncia constitucional en su contra, solicitando su destitución e inhabilitación hasta por 10 años de toda función pública”, escribió la legisladora en sus redes sociales.
En diálogo con RPP, el fiscal remarcó que, en el caso del exmandatario, “no tenemos indicios de que haya habido una colusión”.
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Los fundamentos de la denuncia
En la denuncia, Chirinos consideró que resulta inverosímil que Villena haya archivado la denuncia contra Vizcarra, lo cual plantea “serias preocupaciones sobre la falta de rendición de cuentas” y transparencia en la gestión de la crisis sanitaria por covid-19.
“Este acto vulnera los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 2.1, 2.2, 9, 38, 39, 118.1 de la Constitución, al no investigar a los presuntos responsables que pusieron en riesgo la vida e integridad de más de 33 millones de ciudadanos que confiaron en las políticas públicas durante el gobierno de Martín Vizcarra, quien aseguró que las pruebas rápidas eran una opción segura, pese a que no contaban con sustento científico-técnico”, cuestiona en el texto.
A juicio de la legisladora, el fiscal de la Nación interino “ha evidenciado una violación a sus funciones constitucionales y competencias como funcionario público y representante de una institución que tiene por objetivo la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos”.
“Se ha demostrado en la presente denuncia que el representante del Ministerio Público tenía la obligación de continuar la investigación y no lo hizo sin una justificación válida, afectando a millones de peruanos y peruanas que buscan justicia por la muerte de sus familiares fallecidos durante la pandemia. Esta decisión, sin una base sólida, demuestra una falta de diligencia y un incumplimiento de sus obligaciones en el cargo de fiscal de la Nación, lo cual es incompatible con los deberes de su cargo”, criticó Chirinos.
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