Congreso: ¿Por qué aún no se instala la comisión especial que investigará las muertes en las protestas?

Tras un intenso debate, al final se determinó que el grupo recibirá la denominación de “Comisión Investigadora Multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos tales como la vida y la integridad física en contra de ciudadanos y agentes del orden”.

La propuesta obtuvo el respaldo de 71 legisladores, mientras que 45 se opusieron y se registró una sola abstención.

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A favor de la iniciativa votaron las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Integridad y Desarrollo, Somos Perú, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y los no agrupados.

En tanto, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular (RP) y Avanza País la rechazaron.

Han transcurrido alrededor de 119 días (casi 4 meses) desde que se dio luz verde a la creación de este grupo de trabajo; sin embargo, hasta ahora ni siquiera ha sido instalada oficialmente.

Esto, a pesar de que esta comisión cuenta solo con 90 días calendario para realizar su labor.

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¿Cuáles son los motivos detrás de esta demora?

La congresista de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, informó en sus redes sociales que, hasta el momento, solo dos grupos cumplieron con acreditar a sus representantes ante la comisión.

Esto, a pesar de que ya ha transcurrido más de 20 días desde que la Junta de Portavoces puso fin al debate alrededor de si la comisión debería ser multipartidaria o proporcional, lo que entrampaba la instalación del grupo de trabajo.

Las dos bancadas que cumplieron con esta obligación son Perú Libre, que acreditó a la legisladora Margot Palacios, y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, cuya representante será la misma Luque.

“Nosotros hemos mandando el oficio a la presidencia (del Congreso) en el que solicitamos que nos informen qué bancadas acreditaron a sus miembros. Ahí nos informaron que solo lo hicieron Perú Libre y mi bancada, y por eso hemos venido dialogando con los grupos y les pedimos que lo hagan. Veo que hay una hipocresía, porque algunos declaran la necesidad de investigar, pero al momento de concretizar algo no quieren que el Congreso ni siquiera ejerza su labor de fiscalización”, señaló Luque a Gestión.

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La legisladora recordó que las bancadas de derecha y de centro, como Fuerza Popular y APP, dilataron por un mes la instalación de la comisión al poner como pretexto que el grupo debería ser proporcional y no multipartidario.

En ese sentido, lamentó que algunos grupos con menos de 9 integrantes, como Somos Perú o Podemos Perú, se quedarían sin integrar esta comisión especial

Luque también cuestionó que el Congreso haya despilfarrado tanto dinero en algunas comisiones que, a su juicio, no han servido para nada, como es el caso del grupo de trabajo que investigó un presunto fraude en las últimas elecciones.

“Me sorprende que un caso que ha tenido tanto impacto para el país, con tantos heridos y muertos, no genere un nivel de urgencia en el tema. Eso demuestra que no quieren fiscalizar al gobierno (…) debería haber un mínimo de coherencia en esa decisión colectiva, pero si no quieren hacerlo, que lo hagan explíciito y que públicamente expongan sus razones”, enfatizó.

La demora se debe a temas administrativos

De acuerdo al documento del Departamento de Relatoría y Agenda del Parlamento, son siete las bancadas que aún no han acreditado a sus representantes ante la comisión. Estos grupos son: Fuerza Popular (FP), Perú Libre, Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial, Renovación Popular (RP) y Avanza País.

El tercer vicepresidente del Congreso y legislador de RP, Alejandro Muñante, informó a este diario que su grupo se reunirá esta semana para elegir a su representante en la comisión.

“No puedo hablar por otras bancadas, pero en lo que respecta a RP no hay ningún problema en acreditar a un congresista. El tema está en que quienes promueven el tema ya han iniciado una conformación bastante parcializada, porque en el mismo nombre de la moción ya dejan por sentado que en nuestro país hubo una gran violación de derechos humanos, cuando aún no se ha investigado. Por ese lado ha habido objeciones, pero sí ha sido decisión del Pleno formar una comisión de esa naturaleza, se tendrá que dar de todas maneras”, acotó.

Respecto a las demoras para instalar la comisión, Muñante explicó que esto se produjo por unos temas administrativos, al recordar que entre los propios portavoces no se ponían de acuerdo si el grupo sería multipartidario o proporcional.

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“A razón del tiempo que ha pasado, evidentemente hemos tenido un serio retraso; sin embargo, esto no se debe enteramente a que no exista voluntad, sino que hasta el último momento se ha debatido el tema de la proporcionalidad y la conformación de la comisión (…) hemos demorado por estos temas administrativos, que se pueden evidenciar en las actas de la reunión de la Junta de Portavoces”, apuntó.

En la misma línea, César Revilla, de FP, indicó que la demora en su grupo se debe a que actualmente todos los congresistas tienen una carga importante de trabajo en otras comisiones, por lo que aún no se puede definir a la persona que llevará esa responsabilidad.

“Hay una gran cantidad de comisiones que se tienen que ir cerrando para abrir otras (…) yo tengo 4 comisiones especiales y es bastante cargado estar en todas a la vez, pero sí existe la intención de que esto se investigue y se llegue a buen puerto”, manifestó.

El legislador insistió en que hay toda la voluntad en el Parlamento para instalar esa comisión, pero precisó que se debe seguir el proceso de manera ordenada y organizada, para evitar que los miembros elegidos del grupo, posteriormente, presenten constantemente licencias por su carga de trabajo.

Evalúan ceder su asiento en la comisión

En APP se vive una situación caótica ante las licencias concedidas a tres legisladoras investigadas por recortar el sueldo a sus trabajadores. Tal es el caso de María Acuña, Rosío Torres y Magaly Ruiz.

En ese sentido, el vocero de dicha bancada, Alejandro Soto, indicó a Gestión que evalúan ceder su asiento en la comisión especial a otro grupo o congresista no agrupado que quiera ser parte de la misma.

“Aún no podemos acreditar a nuestro representante porque en mi bancada tenemos varios legisladores con investigaciones y con licencia. Por su parte, Lady Camones es presidenta de la subcomisión y yo soy vocero y miembro de la Comisión Permanente, por lo que no podemos integrar el grupo. No tenemos mayores elementos y, ante eso, podríamos ceder nuestra plaza a un congresista de otra bancada”, acotó.

Soto también reconoció que hay una sobrecarga de trabajo en su bancada. Recordó que el reglamento del Parlamento estipula que un congresista puede integrar como máximo 5 comisiones, por lo que admitió que en este momento no tienen legisladores habilitados para llevar a cabo esta tarea.

“Nuestro problema es que no tenemos congresistas habilitados, pero no nos oponemos a ceder nuestro cupo a otra bancada, para acelerar las cosas”, dijo tras precisar que esta semana adoptarán una decisión definitiva.

¿El informe final de la CIDH debería ser tomado en cuenta por la comisión especial?

Tras más de tres meses en espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el documento, que consta de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno.

También se habla de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado, entre otros puntos.

Desde el Ejecutivo negaron todas estas imputaciones y anunciaron que vienen analizando las 36 recomendaciones de la CIDH para ver “la pertinencia de su aplicación”, en el marco del Pacto de San José, de acuerdo a nuestra propia legislación interna.

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Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó que su institución trabajará con las recomendaciones dadas por dicho organismo internacional.

Al respecto, Luque consideró que este informe debe servir como insumo para las investigaciones que realizará la comisión especial.

“Creo que ese informe debe ser el marco por el cuál empezar. Debería ser como una orientación de nuestro grupo, porque la CIDH es una organización especializada que ha revisado casos, testimonios, entre otras cosas. Hay que recordar que el Estado tiene que acoger de forma vinculante las recomendaciones de este informe”, sostuvo.

Sin embargo, Muñante, Revilla y Soto coincidieron en señalar que este documento no debería ser tomado en cuenta. Consideraron que la comisión especial debe hacer su investigación desde cero y sin ningún tipo de sesgo político o ideológico.

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“El informe no tiene carácter vinculante, de tal manera que puede tomarse en cuenta, como no. Más aún si no es del todo objetivo porque no toma en cuenta lo que ha ocurrido con los 800 miembros de la Policía que fueron heridos y uno asesinado. Tampoco habla de los seis miembros del Ejército fallecidos, la quema de instituciones públicas y privadas, las amenazas a los congresistas, etc. Es un informe sesgado, incompleto, no debería tomarse en cuenta”, manifestó Soto.

Los tres legisladores también coincidieron en que ninguna bancada de izquierda debería presidir esta comisión especial para evitar cualquier parcialización en la investigación.

“La presidencia de esta comisión debería recaer sobre una bancada de centro para guardar la imparcialidad en el tema. Un congresista de un grupo de izquierda sería juez y parte, lo que debemos evitar”, consideró Muñante.

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