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El pleno del Congreso de la República aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre los procesos de contratación del Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, que incluye el caso ‘Richard Swing’ e involucra al expresidente Martín Vizcarra.
Por 93 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones, la representación nacional aprobó el documento sustentado por la legisladora Yessica Apaza (Unión por el Perú), integrante de dicho grupo de trabajo parlamentario.
El informe final de la investigación sindica responsabilidades a Vizcarra Cornejo, recomienda acusarlo constitucionalmente “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, así como por “liderar una organización criminal”.
Asimismo, considera que “corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”.
Del mismo modo, a Martín Vizcarra se le imputa el presunto delito de encubrimiento real en dicho caso y otros ilícitos en torno a distintas contrataciones de allegados en otros sectores. La acusación por tráfico de influencias también incluye a Miriam Morales, exsecretaria administrativa del Despacho Presidencial.
En esa línea, se sugiere realizar acusaciones constitucionales contra los exministros Jorge Montenegro Chavesta y Fabiola Muñoz (Agricultura); César Extremadoyro Mory, Edmer Trujillo y Carlos Lozada Contreras (Transportes y Comunicaciones): Jorge Chávez Cresta, Walter Martos y Jorge Moscoso Flores (Defensa).
Incluso, señala que las órdenes de servicio a favor de Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, demostrarían que no es un “caso aislado”, sino una “práctica reiterada” en otras entidades del Estado distintas al Ministerio de Cultura, siempre a través de la modalidad de contratación directa por montos iguales o menores a 8 UIT.
El informe concluye que se establecido la comisión de varios delitos con las contrataciones de personas naturales vinculadas al entorno del expresidente, los cuales ya vienen siendo investigados por el Ministerio Público, aunque por delitos aislados y no como organización criminal.
“Estas prácticas afectan de manera directa al erario nacional pues entre enero de 2018 y junio de 2020, tan solo en procesos de contrataciones menores a ocho unidades impositivas tributarias, se habría afectado más de 23 mil millones de soles”, refirió.
También recomienda realizar modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, a la Ley Servir, a la Ley de Ética en la Función Pública y a la Ley Marco del Empleo Público.
