La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por unanimidad con 11 votos a favor admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la congresista de Alianza para el Progreso, Rosio Torres por el presunto delito de concusión por el caso “Mochasueldos”.
Según la denuncia constitucional 456, “la congresista habría doblegado la voluntad de sus trabajadores, tanto de su despacho como del personal de confianza de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando ejerció la presidencia de la misma”.
Asimismo, señala que “se obligó a los trabajadores de la denunciada para que entreguen un monto fijo de sus remuneraciones mensuales y que adicionalmente entreguen cualquier bono extraordinario”.
En ese sentido, la denuncia cumplió con todos los requisitos establecidos en los literales a) y c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Por lo tanto, se le admitió a trámite por procedente, y, además, se acumula a las denuncias 361 y 370, por investigar hechos similares.
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Levantamiento del secreto bancario
La Fiscalía de la Nación pidió levantar el secreto bancario de la congresista Rosio Torres, como parte de una investigación preliminar en su contra, donde se le acusa de presuntamente reducir el sueldo de los empleados de su despacho.
¿De qué se les acusa a la congresista?
Según el informe periodístico por Punto Final, la congresista Rosio Torres habría presuntamente exigido a los empleados de su despacho parlamentario que depositaran una parte de sus salarios a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.
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Dan luz verde a proceso contra Carlos Morán Soto
El segundo informe de calificación procedente aprobado, también por unanimidad (12 votos) es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 470, formulada por el fiscal de la Nación (i) Juan Villena Campana, contra el exministro del Interior, Carlos Morán Soto, por el presunto delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 428 del Código Penal.
Morán Soto habría emitido la Resolución Ministerial 334, en el año 2020, en donde habría felicitado a 24 oficiales, y no todos ellos habrían desarrollado las actividades que motivaron dicha felicitación. La denuncia cumple con todos los requisitos pertinentes, y se propuso admitirla a trámite por procedente.