Pese a que el Congreso se encuentra en receso parlamentario, la comisión de Justicia aprobó ayer, por mayoría, un dictamen que generará polémica.
La iniciativa en mención busca sancionar a jueces y fiscales producto de las decisiones que toman frente a casos de detenciones preliminares y prisiones preventivas o efectivas, así como plantea nuevas causales para el delito de prevaricato.
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Al respecto, el presidente de dicho grupo de trabajo, Américo Gonza, justificó la aprobación del dictamen en mención al cuestionar el hecho de que tantos jueces como fiscales “son los únicos que no pueden ser sancionados cuando incurren en errores”.
A su juicio, los jueces “aceptan todo lo que piden los fiscales” mientras que estos últimos “acusan para ver qué encuentran” sin tener mayor sustento en sus recursos.
“¿Dónde está el control sobre estos funcionarios?”, se preguntó en diálogo con Canal N, tras cuestionar el hecho que los jueces y fiscales, a la fecha, no sean pasibles de ser sancionados cuando cometen errores.
Gonza explicó que lo que se busca con la propuesta es que los ciudadanos estén protegidos frente a decisiones equivocadas de parte de jueces y fiscales, así como se maneje con el cuidado del caso las pruebas y las declaraciones de los denominados colaboradores eficaces.
Además, dijo que se está cumpliendo con actualizar la ley que establece el pago de una reparación frente a los errores judiciales, la cual se encontraba sujeta a los parámetros de la Constitución de 1979 y no de la actual.
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¿Qué plantea el dictamen?
El dictamen en mención, aprobado con los votos de legisladores de Perú Libre (PL), Renovación Popular (RP), Fuerza Popular (FP) y Acción Popular (AP), busca modificar las leyes de la carrera judicial y fiscal, así como el Código Penal y la Ley 24973, que regula la indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias.
Se incorporó como faltas muy graves generar la “detención arbitraria” al dictar mandato de detención preliminar y prisión preventiva a una persona sin que se reúnan los presupuestos señalados en el Código Penal, así como al emitir una sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva “sin una adecuada valoración de la prueba que sustente la responsabilidad penal de una persona”.
También plantea que, en caso de un error producido en el trámite judicial, la autoridad; es decir, el juez, fiscal o policía, que incurrió en el error o que autorizó la detención “asumirán la indemnización en partes iguales”.
Finalmente, la propuesta modifica el artículo 418 del Código Penal (delito de prevaricato) a fin de se estipule que el juez o fiscal que dicte resolución o emita dictamen “manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas” será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años.
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