Perú y UNODC amplían programa de control de contenedores en puertos marítimos

Aproximadamente el 90% del comercio mundial se realiza a través de contenedores marítimos, de los cuales más de 780 millones son entregados anualmente en la cadena de suministro del comercio. De esta cantidad, menos del 2% son objeto de verificación, lo que significa que el 98% de los contenedores podrían contener drogas o productos ilícitos.

En un esfuerzo por reducir el volumen de contenedores expuestos a la contaminación con drogas ilícitas u otros productos ilegales, el presidente Pedro Castillo, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, y el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador, Antonino De Leo, inauguraron dos nuevas Unidades Conjuntas de Control en los puertos de Paita y Matarani como parte del Programa de Control de Contenedores (CCP) de la UNODC y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

La ceremonia, que tuvo lugar en el puerto de Paita el 8 de julio, reunió también al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Drogas (Devida) Ricardo Soberón, al presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Portuaria Nacional, Manuel Gilberto Hinojosa, así como al embajador del Reino Unido, Gavin Cook, y al segundo secretario de la Embajada de Canadá, Jean-Denis Dufour, entre otras autoridades.

El CCP apoya los esfuerzos nacionales para mejorar la seguridad portuaria en el país, en particular en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otras mercancías ilícitas, mediante la creación de capacidad para perfilar y controlar eficazmente las cargas con una mínima interrupción de las operaciones.

Además de las dos nuevas Unidades Conjuntas de Control establecidas en los puertos de Paita y Matarani, el programa conjunto UNODC-OMA está operativo en el puerto del Callao desde 2017.

“Hemos tomado la decisión de reforzar las tareas de interdicción en las zonas portuarias. El inicio de las operaciones en Paita y Matarani contribuirá a fortalecer las acciones contra el tráfico ilícito de drogas”, dijo el Jefe de Estado al tiempo de agradecer el apoyo y la asistencia técnica de la UNODC.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas presentado por la UNODC el 27 de junio, casi el 90% de la cocaína incautada en el mundo fue traficada en contenedores y/o por vía marítima.

Al respecto, el Ministro de Asuntos Exteriores peruano afirmó que “no es de extrañar que el enorme volumen de contenedores que transitan por Perú esté expuesto a la contaminación con drogas ilícitas y otros productos ilegales”.

Agregó que “uno de los compromisos del Perú es evitar que las drogas lleguen a su destino y nuestra franja costera ha sido identificada como una de las Áreas Estratégicas de Intervención para la implementación de la Política Nacional contra las drogas hacia el 2030″.

El representante de la UNODC para Perú y Ecuador destacó el rol proactivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Devida, así como la importante labor técnica de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Autoridad Portuaria.

“El CCP permitirá encontrar la aguja en el pajar, posibilitando la cooperación interinstitucional, mejorando la capacidad de gestión de riesgos internos, la seguridad de la cadena de suministro y la facilitación del comercio en los puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres para prevenir y detectar el movimiento transfronterizo de mercancías ilícitas”, dijo de Leo, al tiempo que agradeció el apoyo financiero brindado por el Gobierno de Canadá y así como las contribuciones en especie del Gobierno del Reino Unido.

El CCP lleva a cabo operaciones en 20 países de la región de América Latina y el Caribe mediante el establecimiento y el trabajo de 32 unidades de control portuario. En los primeros seis meses de 2022, estas unidades han participado en la incautación de más de 90 toneladas de cocaína.

La misión del Programa de Control de Contenedores (CCP) de la UNODC y la OMA es crear capacidad en los países que buscan mejorar la gestión de riesgos, la seguridad de la cadena de suministro y la facilitación del comercio en los puertos marítimos, los aeropuertos y los pasos fronterizos terrestres con el fin de prevenir el movimiento transfronterizo de mercancías ilícitas.