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El Ministerio de Salud (Minsa) denunció este lunes que manifestantes de la ciudad de Andahuaylas (Apurímac) han agredido al personal médico del hospital Hugo Pesce Pescetto, como muestra ante el rechazo hacia la gestión de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
A través de un comunicado de prensa, la cartera señaló que los hechos de violencia se han producido también contra ambulancias y unidades médicas en diferentes regiones del país, donde las movilizaciones se han agudizado y derivado en enfrentamientos con la Policía Nacional.
El ministerio rechazó “todo acto de violencia que pone en riesgo la salud y la vida de los profesionales del sector quienes se desplazan en ambulancias para cumplir con su deber de proteger y salvar vidas de manera rápida y oportuna”.
En tal sentido, exhortó a la población a “respetar el trabajo del personal de salud de todo el país”, pues cuida a los heridos que requieren atención especializada frente “a los sucesos que se presentan en el país”.
Igualmente, reafirmó el compromiso del sector de velar por la salud de todos los ciudadanos, y seguir trabajando para mejorar los servicios de salud en todos los niveles de atención.
Este lunes, las movilizaciones de protestas se multiplicaron en varias regiones del país, con mayor incidencia en la sierra sur, y hacia el final del día se anunció un séptimo fallecido en las manifestaciones.
“Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (...) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego”, dijo en una entrevista al canal Epicentro TV la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa.
La Dirección Regional de Salud de Apurímac detalló en un comunicado que un adolescente de 16 años con las iniciales R.P.M.L. falleció el mediodía de este lunes al presentar una herida de bala tras una protesta en Chincheros, en el departamento de Apurímac.
El Gobierno decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte .
Así, el Ejecutivo busca mantener el “orden interno” en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes con el trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, según se puede leer en la norma publicada en el diario oficial El Peruano.
Durante 60 días quedará suspendido en Apurimac los derechos constitucionales relativos a “la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la constitución peruana.
(Con información de EFE)
