Tras el incendio de un bus interprovincial que causó el deceso de 17 personas y que operaba en un terminal informal en el distristo de San Martín de Porres, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) reiteró que no autorizó el funcionamiento de este local.
"Nosotros no autorizamos a que funcione un terminal (de buses). Lo que nosotros emitimos es prácticamente un registro (que es el certificado de habilitación técnica) respecto a que la empresa ha iniciado un trámite y eso, generalmente, las empresas lo usan para solicitar a la municipalidad la licencia de funcionamiento", explicó el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro.
A reglón seguido, dijo que para que se emita la licencia de funcionamiento, que debe ser expedida por la municipalidad, se tiene que cumplir con una serie de requisitos y paralelamente el MTC realiza una fiscalización posterior, respecto a la preincripción o trámite iniciado, con la emisión el certificado de habilitación técnica.
"La habilitación técnica no autoriza a un terminal a funcionar. Nosotros solamente registramos que se ha iniciado un trámite en el MTC el cual es sujeto a una fiscalización posterior de los requisitos exigidos tanto por la municipalidad como por nosotros. Mientras el municipio no emita la licencia de funcionamiento, los terminales de buses no pueden funcionar. Solo emitimos un registro y si tras la fiscalizacion denota que no cumplen, se le quita la certificación", agregó.
Ante este panorama, el viceministro afirmó que se va a emitir -en mayo próximo- un decreto supremo para que la fiscalización posterior tras la emisión del certificado de habilitación técnica de un terminal terrestre sea anterior a la entrega de este documento.
"La idea es que no sea un mero registro sino que se pueda intervenir antes de emitir el certificado de habilitación técnica. Ello se hará con una modificación al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, y en un mes será emitida", alegó.
Anotó que también se presentará ante el Congreso de la República una propuesta legislativa para que sean las municipalidades los responsables del pleno funcionamiento de los terminales terrestres y el MTC sea responsable del aspecto técnico.