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Únete al canal de GestiónEl rechazo al proyecto de adelanto de elecciones que presentó el Ejecutivo ha acentuado la profunda crisis política que atraviesa Perú y ha sembrado interrogantes sobre el futuro de procesos tan importantes como la lucha anticorrupción.
Las siguientes son las cinco claves de la actual situación que enfrenta el país andino:
1. El fujimorismo muestra los dientes
El fujimorismo, que domina el Congreso, confirmó que no está dispuesto a transigir en su férrea oposición al Ejecutivo y rechazó el proyecto de ley para adelantar las elecciones generales en un año, que planteaba acabar de esa manera con la crisis interna.
El enfrentamiento ha llegado a tales niveles que el proyecto no llegó al pleno, sino que fue enviado al archivo por la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra, incluso sin esperar una opinión de la Comisión de Venecia a la que el propio Legislativo habían invitado y que, simplemente, fue ignorada.
Tras esta decisión, la portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular, Milagros Salazar, aseguró que el presidente Martín Vizcarra y sus ministros “irán a la cárcel” si toman alguna medida que pueda, de alguna manera, desacatar la decisión del Congreso.
2. Un Ejecutivo que duda y se queda sin opciones
Sin una bancada sólida en la Cámara, el presidente Vizcarra basa su capital político en el gran apoyo popular que recibieron sus propuestas de reforma política y judicial para enfrentar a la corrupción, a pesar de lo cual no ha tomado ninguna medida radical para terminar con el enfrentamiento con el fujimorismo.
Si bien todos los sondeos de opinión coinciden en que la ciudadanía apoya, de manera mayoritaria, la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones legislativas, el gobernante solo ha mencionado esa tema como una posibilidad que se ha ido desgastando con el tiempo.
Ahora sus opciones son pocas, ya que no puede hacer una cuestión de confianza sobre un proyecto archivado, aunque algunos constitucionalistas han indicado que podría presentar otra iniciativa para habilitar la opción constitucional de disolver la Cámara en caso de que sea rechazada.
3. La lucha anticorrupción en un punto crítico
Más allá de las pugnas políticas, el enfrentamiento pone en un punto crítico todos los esfuerzos de lucha anticorrupción liderados tanto por el Ejecutivo como por jueces y fiscales desde que se destapó el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Con todos los expresidentes peruanos vivos en prisión o investigados, este proceso enfrenta las críticas de la oposición, sobre todo del fujimorismo, cuya líder Keiko Fujimori cumple 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos.
La expectativa se centra ahora en las nuevas evidencias que puedan obtener los fiscales a partir de la revelación de los nombres en clave (codinomes) que usaba Odebrecht para sus presuntos pagos ilícitos, ya que, según medios locales, puede incluir a conocidos políticos opositores.
4. Keiko Fujimori juega su última carta
En ese contexto, Keiko Fujimori afronta la última posibilidad de conseguir su libertad con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), también sometido a un polémico proceso de renovación de sus magistrados.
La defensa de Fujimori asegura que no existen pruebas de que ella conociera los presuntos aportes que hizo Odebrecht a su campaña electoral y considera que está presa por su oposición política, aunque la Fiscalía defiende su acusación de que ella lideró una organización criminal que permitió el lavado de activos.
Ya que todas las instancias judiciales han denegado sus pedidos de liberación y la investigación se mantiene en marcha, si el TC rechaza su recurso la líder opositora permanecerá en prisión, como mínimo, hasta abril de 2020.
5. El Tribunal Constitucional en disputa
Otro tema polémico es, precisamente, la decisión del Congreso de intentar reemplazar, en un proceso inusualmente acelerado, a seis de los siete miembros del TC que deben ver no solo el caso de Keiko sino eventuales demandas sobre el adelanto de elecciones o el cierre del Legislativo.
La decisión impulsada por la bancada fujimorista y sus aliados del Partido Aprista busca que el pleno del Congreso vote el próximo lunes por la renovación de los magistrados, a pesar de que otros sectores políticos piden una mayor revisión de las candidaturas.
Mientras que sectores de la opinión pública afirman que el actual legislativo carece de legitimidad para cumplir con ese proceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “su preocupación por las denuncias de falta de publicidad y transparencia en el proceso de selección” de los postulantes.
