El Gobierno aprobó el reglamento de la Ley 32309, que establece un nuevo esquema de financiamiento para el cine peruano, fijando como regla general que el Estado cubrirá hasta el 70% del costo total de cada proyecto audiovisual. La norma, publicada mediante el Decreto Supremo N.º 001-2026-MC, redefine los incentivos económicos y tributarios para el sector, con el objetivo de atraer capital privado y ordenar el uso de recursos públicos.
El principal cambio es la imposición de un tope explícito al financiamiento estatal, lo que obliga a los productores a conseguir al menos el 30% restante a través de inversión privada, coproducciones internacionales u otras fuentes. A diferencia del régimen anterior, donde el porcentaje de apoyo dependía de cada convocatoria, el nuevo esquema introduce mayor previsibilidad, pero también exige una estructura financiera más sólida para acceder a los fondos.
LEA TAMBIÉN: Productora de éxitos cinematográficos cae en quiebra en plena disputa con Warner
Como excepción, el reglamento establece que las denominadas “óperas primas regionales” podrán recibir hasta el 100% de financiamiento público, en un intento por descentralizar la producción audiovisual y fomentar nuevos talentos fuera de Lima.
La norma también fija restricciones sobre el tipo de contenidos que pueden acceder a recursos estatales. Quedan excluidas las producciones con fines de publicidad, propaganda electoral o aquellas que beneficien directamente a organizaciones políticas, así como las que vulneren el Estado de derecho, la seguridad nacional o el orden constitucional.
LEA TAMBIÉN: Indecopi: Quienes graben en cines pueden recibir hasta 8 años de cárcel
En cuanto a los estímulos económicos, el Ministerio de Cultura continuará siendo la entidad encargada de su administración, bajo procedimientos más estructurados de evaluación, otorgamiento y supervisión. Para postular, los proyectos deberán estar inscritos en el Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual (RENCA), lo que busca formalizar el acceso a fondos y mejorar la transparencia en la ejecución del gasto.
El reglamento incorpora además incentivos tributarios para dinamizar la participación empresarial. Las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a proyectos audiovisuales podrán deducir hasta el 20% de dichas contribuciones del Impuesto a la Renta, convirtiendo el financiamiento del cine en una alternativa atractiva desde el punto de vista fiscal.
