Canon para el pueblo, entrega directa de dinero podría generar más conflictos sociales

La medida busca ayudar a reducir los niveles de pobreza y conflictos sociales en las zonas de influencia de la actividad extractiva a través de la entrega directa de dinero a las familias.

Para este fin, se plantea destinar el 40% del canon minero y gasífero de las regiones y municipalidades que reciben estos recursos. Los beneficiarios serían las familias en condición de pobreza y pobreza extrema, que además deberán contar con un tiempo de residencia en la zona de por lo menos cinco años.

Al respecto, desde diversos frentes advierten que la medida no lograría cumplir con los objetivos previstos; y por el contrario, podría generar más conflictos sociales.

En el proceso de elaboración del dictamen, el Ministerio de Economía (MEF) envió sus observaciones a la comisión de Economía del Congreso.

El MEF advierde que de implementarse la propuesta se estaría desnaturalizando la razón de la existencia del canon, que es financiar bienes públicos.

“El canon está orientado a financiar proyectos de inversión que generan beneficios a la población en general. Estas condiciones no se cumplirían si el canon se utilizara para financiar asignaciones monetarias a los pobladores u hogares vulnerables”, señala el MEF.

Agrega que se afectaría el financiamiento de los proyectos de inversión pública de los gobiernos regionales y locales, generándose una demanda adicional de recursos al tesoro público.

Asimismo, refiere que la propuesta estaría acentuando el problema de inequidades generadas por la distribución vigente del canon, dado que generaría ingresos con alguna relevancia para la población pobre en solo cuatro departamentos: Cusco, Moquegua, Tacna y Ancash.

El MEF realizó un estimado sobre cómo se distribuiría el canon a las familias, considerando las cifras de 2021. Las asignaciones propuestas significarían un monto total de S/ 1,943 millones aproximadamente (ver cuadro).

En 12 departamentos del país la asignación mensual promedio sería menor a S/ 10 por hogar, mientras que, en los 5 departamentos con mayores transferencias de canon minero y gasífero, las asignaciones promedio mensual por hogar estarían entre los S/ 100 y S/ 751, teniendo en cuenta la cantidad de población a la fecha.

El MEF también advierte que se podrían generar conflictos por futuros procesos de migración interna de la población hacia las zonas donde se extrae el recurso natural, con la expectativa de lograr mayores ingresos mediante estas asignaciones monetarias.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, coincidió en que entregar dinero a las familias generá más conflictos sociales, pues refiere que esto ya ha ocurrido en el pasado cuando se ha intentado aplicar una medida similar en ciertas zonas puntuales de influencia de alguna actividad extractiva.

“Se debe tener cuidado con entregar dinero directamente a las personas, pues genera el riesgo de tener más conflictividad social en disputas por este recurso y muchas veces el dinero no se usa bien; la solución no pasa por allí, parece ser una propuesta populista”, sostuvo.

En lugar de ello, Cantuarias propuso reforzar los presupuestos y capacidades de ejecución del canon en las zonas de influencia de las actividades extractivas.

“Se debe mejorar la asignación de recursos hacia las zonas de influencia, es un reclamo justo, pero en fondos para proyectos de saneamiento, salud, energía eléctrica, agua y todo lo que ayude a satisfacer las necesidades básicas de la población. Y se debe mejorar la gestión de esos recursos, pues no se está ejecutando todo. Se requiere de un mejor trabajo de asesoría del MEF vía las oficinas de inversión pública”, indicó Cantuarias.

Por su parte Epifanio Baca, coordinador de la ONG Grupo Propuesta Ciudadana, coincidió en que el dictamen del Congreso es una medida populista que no va a dar los resultados esperados.

“Pensar que por dar dinero a la gente los conflictos desaparecerán es un error, pues las causas de los conflictos tiene diversas aristas”, refirió.

Crecería el riesgo de conflictos no solo por las migraciones, sino al interior de cada población, entre los considerados pobres y no pobres. “Se genera un incentivo perverso y de dependencia de estos fondos; vuelves a las familias más rentistas”, remarcó Baca.

Para el especialista, una propuesta más efectiva podría ser retomar la iniciativa del ‘canon comunal’, donde las comunidades, vía una gestión participativa, puedan disponer de fondos para inversión social y productiva, con el soporte de las municipalidades y el Midis.