El sueño de la razón produce monstruos

Dornbush y Edwards (1990) definen al populismo como el conjunto de políticas económicas destinadas a redistribuir el ingreso mediante la implementación de medidas que violan la “buena economía”, incluidas las restricciones presupuestarias y los principios de eficiencia. Dani Rodrik (2018) las define como un “conjunto de políticas irresponsables e insostenibles que a menudo terminan en desastre y perjudican a la mayoría de la gente común a la que supuestamente pretenden ayudar”. Así, políticas de incremento continuo del salario mínimo que se desvían de la productividad laboral paupérrima que tiene el Perú caen dentro de la categoría de populismo y, en un país con alta informalidad como el nuestro, esta se termina convirtiendo en la más barata de su categoría.

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Todo indica que la impopularidad de la presidenta, sumada a su pésima gestión económica, la está llevando a buscar “soluciones” por el lado equivocado. Sin embargo, si realmente se quisiera dar avances sólidos que impulsen la inversión privada, que genere empleo y traiga mayor bienestar a la población, lo que en realidad debería estar haciendo es enfocarse en políticas que reduzcan la conflictividad social; que termine con la gigantesca tramitología que mata la formalidad; que extermine el abuso de poder de sus autoridades; que aborde con firmeza el problema de la economía ilegal; que desarrolle una verdadera estrategia que reduzca la criminalidad; o que ponga fin a las nefastas normativas laborales del Gobierno de Castillo que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Pero nada de eso está seriamente agendado y la subida de la RMV se coloca en la parrilla de medidas irresponsables que seguirá haciendo mucho daño a los que hoy no consiguen un trabajo en buenas condiciones.

Basta recordar que ya en el 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicaba que el mercado laboral peruano tenía ya una configuración que lleva a la expulsión de trabajadores hacia la informalidad, donde los costos no salariales juegan un papel altamente distorsionador. De acuerdo con su data, la contratación de un asalariado formal en el Perú cuesta cerca del 70% adicional sobre el salario formal y más del 100% del informal. Bajo estas condiciones, no hay forma de que las mipymes puedan asumir esa carga de contratación.

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En otro tanto, el mismo estudio del BID hace el cálculo de cuánto cuesta el costo mínimo del trabajo asalariado, midiéndolo como porcentaje del PBI por trabajador. En el caso peruano se encuentra que este representa cerca del 45%, donde la RMV aporta más de la mitad de esa carta. Estos niveles son superiores al promedio de Latinoamérica, y también mayores a los de la Alianza del Pacífico. Los países que tienen un mayor costo de salario mínimo en Latinoamérica como Honduras, Nicaragua, Guatemala, Bolivia o Ecuador no pueden ser nuestro benchmark. ¿O cree este Gobierno que son referentes a seguir?

La falta de ideas que estamos observando a estas alturas del partido es realmente sorprendente. El ministro de Trabajo justifica la subida con base en un “compromiso presidencial” de Dina Boluarte. Este argumento es simplemente absurdo y peligroso en las condiciones actuales que nos encontramos. Hay que subrayar que este 2024 será el último periodo en el que este Gobierno tendrá la posibilidad de poner en marcha políticas económicas que puedan hacer la diferencia para sacarnos del hoyo al que nos ha conducido. Esto porque el próximo año ya estaremos entrando en terreno preelectoral. Pero, si este Gobierno, hoy en plena recesión, sigue ventilando ocurrencias como la de financiar Petroperú, subir impuestos y ahora incrementar el salario mínimo, simplemente ya deberíamos empezar a revisar a la baja las mediocres proyecciones oficiales de crecimiento económico e incrementar, más bien, las de las tasas de informalidad y pobreza. Como decíamos, todo puede salir mal cuando la razón se ha dormido o, simplemente, cuando esta ya fugó del país.

SOBRE EL AUTOR

David Tuesta

Exministro de Economía.