Ejecución, ejecución y ejecución: Canon minero, brecha social y desastres naturales

En lo que va del año se ha ejecutado menos del 7% de los recursos asignados por canon y regalías para obras en los veinte principales distritos beneficiarios. 230 millones de un total de 3,411 millones de soles, cifra preocupante con el fenómeno del Niño aproximándose.

Se dice que una meta u objetivo planteado sin una estrategia es nada más que un deseo, el sueño de alcanzar algo, pero también es verdad que una estrategia sin táctica ni seguimiento en la ejecución nunca generará los resultados esperados. Ciertamente, poner las palabras en acción o el walk the talk es clave para lograr que el nivel de avance se alinee con la expectativa.

En nuestro país, la pandemia y los recientes desastres naturales han causado graves consecuencias en salud, educación e infraestructura, ampliando la brecha de desigualdad social y de acceso a los servicios públicos para los más necesitados. De alguna manera, todos hemos venido sufriendo sus efectos, pero no cabe duda de que si todo se mantiene como está, éstos se seguirán extendiendo en el tiempo. Está en juego cómo nos veremos en el largo plazo. El riesgo es mayor si a ello le sumamos los conflictos sociales y el factor político.

La única manera de reducir esa brecha es con recursos. El canon es una muy buena idea de distribución de la renta generada por las industrias extractivas a favor de las zonas donde los proyectos generan impacto. El problema no necesariamente yace en su forma de distribución, aunque quizá podría incluirse criterios más efectivos de asignación de recursos, sino en la capacidad de gestión de los gobiernos para ejecutarlo.

La minería formal contribuye con la creación de empleos de calidad y aporta con varios puntos de PBI (¡más de 14%!) en impuestos y otros gravámenes. Más allá del esfuerzo que debe hacer el Estado para incentivar que la cartera actual de proyectos de exploración minera se destrabe y haya más inversión, el enfoque también debe encontrarse en la ejecución de lo que viene aportando la industria.

Tampoco se trata de incrementar la recaudación proveniente del sector minero, aumentando las tasas existentes, ni con acotaciones en controversias tributarias con discutible sustento técnico o con afectaciones a la seguridad jurídica y a los derechos del contribuyente.

Existen recursos, un objetivo planteado y un mecanismo de distribución, pero seguimos fallando en la ejecución. Como dicen los expertos, crear unidades ejecutoras especializadas con alta capacidad de gestión para acelerar la inversión pública podría ser una alternativa de solución. El Niño podría estar a la vuelta de la esquina y no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando el embate de este fenómeno. Nuestras autoridades están obligadas a actuar. La ejecución con capacidad de gestión es clave.