María Julia Sáenz
Socia líder de Tax & Legal de KPMG en Perú
En un país con un alto nivel de informalidad es crucial buscar la simplicidad en el sistema tributario para que se pueda cumplir con las obligaciones fiscales.
El inicio del año solía traer consigo una serie de reformas tributarias que marcaban el régimen tributario aplicable, especialmente en materia de Impuesto a la Renta. Recuerdo claramente los turnos que hacíamos los profesionales entre Navidad y Año Nuevo para poder revisar las normas que se publicaban en el Diario Oficial El Peruano. Este año nos recibe con una serie de reformas más bien de carácter administrativo, con poca sistemática y que hacen cada vez más difícil entender la tributación y dificultan el adecuado cumplimiento. Reformas que incorporan nuevas formas de hacer negocio, como el impuesto aplicable al uso de plataformas digitales, de manera muy limitada; sin decir nada sobre la capacidad contributiva de estos nuevos actores, ni del profundo impacto que la tecnología está imprimiendo en la tributación.
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En efecto, el 2025 nos encuentra en una encrucijada. En un país con un alto nivel de informalidad es crucial buscar la simplicidad en el sistema tributario para permitir que más personas y empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Un sistema tributario simplificado y eficiente puede ser una herramienta poderosa para reducir la informalidad y aumentar la base tributaria. A la par, es crucial empezar a pensar en el impacto en la tributación que la Era del Silicio viene provocando, al cuestionar conceptos clásicos como la base imponible –nuevas fuentes de ingresos–, residencia fiscal –quien es el sujeto gravado–, la fuente de la renta –local o extranjera–, el rol de la Administración Tributaria, el derecho a la debida motivación si se usan algoritmos para determinar cumplimiento y fiscalización. Nos toca, como en todo, iniciar un diálogo abierto sobre una sustancial reforma fiscal que aborde problemas del ayer y del mañana. Tremendo reto. Sobre todo, si reiteramos que es necesario incrementar la presión tributaria, pero ampliando la base fiscal, amén de la necesidad de instalar en el ciudadano el convencimiento de que es imperativo cumplir.
No tributar debe ser sancionado de manera efectiva, y el grado de sanción debe ser lo suficientemente disuasivo para que los deudores prefieran cumplir con sus obligaciones fiscales en lugar de enfrentar las consecuencias. La implementación de sanciones justas y proporcionales es clave para mantener la integridad del sistema tributario y asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades.
El Estado, por su parte, debe ser más eficiente y estar presente de manera visible para que los contribuyentes sientan que vale la pena cumplir con sus obligaciones fiscales. La percepción de que los impuestos no se traducen en beneficios tangibles para la sociedad es uno de los principales obstáculos para el cumplimiento voluntario. Por lo tanto, es fundamental que el Estado demuestre una gestión eficiente de los recursos y una presencia activa en la mejora de los servicios públicos.
Este año deberemos abordar seriamente el debate sobre reforma fiscal y conducir su camino a través del diálogo informado y de actores relevantes en la misma mesa.
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