La Contraloría General de la República emitió un informe señalando que la vicepresidenta Dina Boluarte habría cometido una infracción constitucional tras haber firmado documentos de la asociación privada Club Departamental Apurímac cuando ejercía como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Dicho informe, difundido por Canal N, fue enviado el viernes 20 de mayo al Congreso de la República para que sea evaluado y se tomen las acciones correspondientes.
Ante la situación, la entidad sostuvo que se podría evaluar como una “presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú”. El extracto mencionado sostiene que ningún ministro puede ejercer otras funciones públicas excepto la legislativa, ni ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
Ante ello, la pregunta de hoy es:
¿Debería generar consecuencias el informe de Contraloría sobre Dina Boluarte?
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