¿Por qué seguimos sin estar preparados ante los desastres naturales?

En un seminario dictado por el Premio Nobel en Economía, Bengst Holmstrom, al hablar sobre la estructura incentivos en contratos, negocios, universidades, incluso en políticas que promueven la transparencia, trae a colación una frase del excongresista estadounidense Barney Frank: “Nadie es reelegido por evitar una crisis”. Esta frase ilustra por qué –a pesar de ser extremadamente vulnerable a las crisis sanitarias y naturales– seguimos sufriendo las fatídicas consecuencias del pobre manejo de riesgos por parte de nuestras autoridades.

Una crisis siempre representa una oportunidad de incrementar popularidad entre los políticos. No es gratuito que circulen fotos de expresidentes recorriendo el país en botas y en medio de inundaciones a través de las décadas. Existen escasos incentivos para invertir en prevención y mitigación de riesgos, junto a una suma de factores de siempre en Perú y en el mundo, que nos llevan al mismo punto de origen: la corrupción.

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En general, la corrupción es percibida como un delito sin víctimas. Sin embargo, identificar la agencia de las personas envueltas en tomas de decisión corruptas y las víctimas toma tiempo. En un estudio publicado en Nature, la publicación académica de divulgación más prestigiosa del mundo, se demuestra que el 83% de todas las muertes por derrumbe de edificios en terremotos entre 1980-2010 ocurrieron en países con alto índices de corrupción (Ambraseys y Bilham, 2011). Esto explica, en gran medida, por qué terremotos de magnitudes significativas siguen acarreando nefastas consecuencias en diversos países como Perú, Indonesia, China, Irán y, más recientemente, Turquía. Edificios mal construidos, la falta de regulación y cumplimientos de normas de construcción y uso de materiales de mala calidad son una serie de signos de irregularidades y corrupción en los procesos de urbanización a nivel global.

Sumado a ello, accidentes humanos totalmente prevenibles como la explosión en Líbano en 2020. En agosto de dicho año, explotó una gran cantidad de nitrato de amonio almacenado en el puerto de Beirut. Es considerada una de las explosiones no nucleares accidentales más poderosas de la historia y ocasionó 218 muertos, siete mil heridos y quince mil millones de dólares estadounidenses en daños a la propiedad, además de dejar un saldo estimado de 300 mil personas sin hogar. El Gobierno libanés declaró un estado de emergencia de dos semanas en respuesta al desastre. Posteriormente, estallaron protestas en todo el Líbano contra el Gobierno por no haber podido prevenir el desastre. Días después, el primer ministro y el gabinete renunciaron. La mezcla letal de siempre: mala gestión y corrupción.

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Una combinación recurrente en este tipo de crisis a nivel mundial. En el Perú, la Contraloría General de la República reveló que 845 funcionarios en los tres niveles de Gobierno tienen responsabilidades penales, civiles y administrativas en el proceso de la Reconstrucción con Cambios. Esta fue creada con carácter excepcional y temporal a fin de liderar e implementar el plan integral de reconstrucción de infraestructura destruida por el fenómeno de El Niño en trece regiones del país (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes). Sin embargo, en más de seis años, no ha logrado implementar soluciones en “el manejo de cuencas, defensas ribereñas, represas y reforestación”, de acuerdo con el contralor Nelson Shack. Y eso es más que evidente al observar las consecuencias del ciclón Yaku por las costas peruanas. Y con ello, escenarios en los que nos encontraríamos ante un eventual terremoto y, de esta manera, lecciones que podemos aprender de Turquía.

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Hace poco más de un mes, un terremoto de 7.7 afectó a más de 13 millones de personas. El saldo mortal fue de 31 mil (y en aumento) y más de 120 mil viviendas destruidas. Ya en 1999, otro terremoto había dejado más de 18 mil muertos y se implementó la recaudación de un impuesto especial para la reconstrucción del país. Esta suma ascendió a 38 millones de dólares estadounidense. Sin embargo, aquello que no fue malversado, terminó en otro tipo de obras públicas como carreteras, aeropuertos y hospitales, según exministros de Economía turcos. Más grave aún es que dichas edificaciones fueron las primeras en colapsar en el terremoto de este año.

De acuerdo con INDECI, un terremoto de 8.8 seguido de un tsunami dejaría en Lima Metropolitana y Callao más de 110 mil fallecidos, dos millones de heridos, 353 mil viviendas destruidas y 623 mil inhabitables. Los desastres naturales no son prevenibles, pero la corrupción, la mala gestión y el mal Gobierno sí. Curiosamente, Barney Frank vuelve a la prensa esta semana. Luego de anunciar su retiro de la política, se unió a la junta directiva del Signature Bank, uno de los beneficiarios de la flexibilización de regulación financiera post 2008 diseñada por Frank. Junto al Silicon Valley Bank, fue una de las instituciones que colapsaron en Estados Unidos esta semana. Efectivamente, nadie se reelige evitando crisis.