
Escribe: Omar Mariluz Laguna, periodista.
No hay metáfora más precisa para lo que ocurre en Petroperú que la de un barco fantasma tomado por piratas que, lejos de buscar un puerto seguro, prefieren desmantelar la madera de la cubierta para alimentar la fogata de sus propios beneficios. El problema es que esa madera no les pertenece; la hemos pagado todos los peruanos con más de 20,000 millones de soles en rescates que bien pudieron ser hospitales, escuelas o comisarías. Pero en el universo paralelo de las avenidas Canaval Moreyra con Paseo de la República, el dinero público parece ser un maná inagotable.
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La crisis en la petrolera estatal ha pasado de ser un desastre financiero a una guerra de guerrillas política. Hoy, el campo de batalla tiene dos frentes claros: por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por Denisse Miralles, que intenta aplicar una dosis de realismo –tardío, pero necesario– mediante una reestructuración profunda; y por otro, un bloque variopinto compuesto por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), sindicatos anquilosados y políticos que parecen haber quedado atrapados en un viaje psicodélico a los años 60.

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La reciente renuncia –y posterior “freno”– de la gerenta general, Rita López, es el síntoma más visible de esta infección. No es una crisis administrativa cualquiera; es el resultado de un “petardeo” sistemático desde las sombras. Mario López, asesor de la alta dirección del Minem y figura muy cercana al congresista Ilich López, ha sido señalado como el operador de este sabotaje. ¿El objetivo? Impedir que el Decreto de Urgencia que busca poner orden en la casa se implemente con rigor.
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Lo que realmente defienden estos “patriotas” no es el petróleo, sino las gollerías. En Petroperú, la mitad de los ingresos de muchos de sus cuadros gerenciales no provienen de su productividad, sino de beneficios y bonos que resultan insultantes para un país con 30% de pobreza.
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La ministra Miralles está dando una pelea técnica valiente, pero la técnica tiene un techo si no hay respaldo político. Aquí es donde entra en escena el presidente José Jeri. El mandatario, cuya imagen ha quedado tan grasosa como un banquete tras su conocida debilidad por las reuniones nocturnas en chifas de dudosa relevancia oficial, debe decidir si será el capitán que ayude a salvar lo poco que queda o si preferirá subir al barco de los piratas para evitarse ruidos políticos en el Congreso.
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La narrativa de los detractores es predecible: acusan a Miralles de querer “privatizar” la joya de la corona. Ojalá fuera cierto que un operador privado de talla mundial estuviera interesado en este cascarón endeudado; pero seamos honestos, hoy nadie en su sano juicio compraría una empresa que arrastra una refinería (de Talara) que costó el triple de lo presupuestado y que sigue operando con la agilidad de un paquidermo en el lodo. Antes de hablar de venta, hay que detener la hemorragia.
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Petroperú no es soberanía energética; es el monumento más grande a la ineficiencia pública y al cinismo político. Si el Gobierno permite que los piratas ganen esta pulseada contra el MEF, habremos aceptado que en el Perú las empresas estatales no pertenecen a los ciudadanos, sino a quienes tienen la llave del sindicato y el favor del ministro de turno. La pregunta para Jerí es sencilla: ¿el chifa se sirve en la mesa de los peruanos o en el camarote de los que están saqueando el barco? Al final del día, la cuenta la pagamos nosotros, y ya no queda ni para la propina.







