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La noticia del fallecimiento de la abogada Andrea Vidal Gómez el último martes, luego de haber pasado una semana en cuidados intensivos, ha estremecido al país por más de una razón. La pérdida de cualquier vida es, en sí misma, siempre lamentable por supuesto, sobre todo cuando se da en condiciones como las que le ocurrieron a Vidal Gómez: el taxi en el que viajaba fue impactado por más de 40 disparos, lo que además acabó con la vida del conductor, José Daniel Vargas Briceño.
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Por otro lado, una segunda razón por la cual este caso resulta estremecedor es lo que aparentemente estaría detrás: una presunta red de prostitución al interior del Congreso de la República. Según reveló un reportaje del programa ‘Beto a Saber’, Vidal Gómez, quien se desempeñaba hasta septiembre como asesora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, habría sido la encargada de reclutar a trabajadoras que, haciéndose pasar por asesoras, en realidad ofrecerían servicios de prostitución al interior del Palacio Legislativo.
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El miércoles, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas inició una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, quien había sido jefe de Vidal Gómez, por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas. Torres Saravia, quien hasta hace poco se desempeñó como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, es cercano al excongresista Luis Valdez, del partido Alianza para el Progreso (APP ha negado dicha proximidad). Partido que, como se sabe, hoy no solo está a cargo de la presidencia del Congreso a través de su militante Eduardo Salhuana, sino que también mantiene una cercanía notoria con el Gobierno, que incluso implica una cuota en el Consejo de Ministros.
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La Comisión de Fiscalización del Congreso ha pretendido responder a este asunto citando a Torres Saravia para el próximo jueves 26. ¿Pero realmente ese es el nivel de urgencia que amerita un caso tan potencialmente serio como este? ¿Por qué no hemos visto hasta ahora a más parlamentarios exigiendo con ímpetu que este tema se investigue a fondo como lo han hecho con otros asuntos? ¿No se dan cuenta de la gravedad de las acusaciones?
La población merece respuestas más rápidas. Es evidente que el tema debe investigarse antes de llamar a conclusiones, ¿pero cómo es posible que casos como el de la censura contra el exministro Rómulo Mucho parezcan generar más indignación en algunos congresistas que algo como esto?
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Mientras tanto, la opinión pública no se hará de la vista gorda ante un asunto tan grave como este. Después de todo, se trataría lamentablemente de un nuevo fondo al que se habría llegado en nuestro Poder Legislativo. Y si se confirmasen casos de compra de votos o chantajes por favores sexuales, la historia podría agravarse mucho más
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