CAMBIO. Ayer por la tarde, el Gobierno de Dina Bolaurte tomó juramento a quien será su sexto ministro del Interior en menos de dos años: el abogado Juan José Santiváñez. Ello tras la renuncia de Walter Ortiz.
Ortiz ha dejado el sector encargado de la seguridad interior –y por ende de la Policía Nacional– sin logros que mostrar en el mes y medio que duró en el cargo y, más bien, tras haber asumido la responsabilidad de más de una decisión controvertida.
Cabe anotar que, la Constitución protege a la presidencia de la República al punto en que esta no puede asumir responsabilidad política. Por ello, son los ministros quienes asumen esa responsabilidad. Así, la Constitución también exige que todas las decisiones del presidente deban ser refrendadas por algún ministro, por lo que si uno de ellos quiere salvar su responsabilidad (artículo 128), el único camino es renunciar inmediatamente (lo que frenaría ese acto presidencial).
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Con ello en cuenta, Ortiz ha dejado el cargo habiendo asumido responsabilidad, por ejemplo, de la decisión de la presidenta de haber despedido el mes pasado a quien hasta ese momento era el jefe del equipo especial de policías que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFFICOP): el coronel Harvey Colchado.
Más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre Colchado y el motivo por el que el Gobierno alegó que lo removió (publicar una foto con una torta alusiva al allanamiento al domicilio de Boluarte), resulta innegablemente polémico y cuestionable que una presidenta decida remover al líder del equipo policial que venía investigando a su hermano. Peor aún, Ortiz también firmó la decisión de eliminar definitivamente el EFFICOP, cuando la detención de Nicanor Boluarte ya era inminente y la investigación se acercaba cada vez más a la presidenta.
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Estas decisiones no solo debilitaron gravemente la institucionalidad de una cartera que otros ya habían debilitado también, pues se priorizó el interés personal de la presidenta sobre el interés público de respetar principios como el de transparencia y probidad en la función pública, sino que eventualmente podrían tener consecuencias penales. El viernes pasado, la Fiscalía inició una investigación contra Ortiz y Boluarte por encubrimiento personal y abuso de autoridad, justamente por los hechos mencionados.
La inseguridad no solo afecta duramente la vida de cada ciudadano. También impacta en las inversiones. Hoy en día, es uno de los mayores riesgos que perciben los empresarios, pero la poca seriedad con la que este Gobierno viene tratando el sector solo ha conducido a que este permanezca en una constante crisis.
¿Podrá hacer algo Santiváñez por cambiar el rumbo? Solo queda desear que así sea.
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